28/04/2026 | Herbert Pino
Más de mil familias pagan cada mes entre 150 y 200 soles en el colegio público IE 40159 Ejército Arequipa por una cuota obligatoria que no debería existir. Una investigación del portal Pancarta.pe descubrió que este sistema se apoya en un convenio del año 2022 donde se alteró el texto de la ley. Al cambiar las palabras originales para incluir al “Ejército del Perú” en un beneficio que no le correspondía, la institución empezó a cobrar como si fuera un colegio privado, logrando recaudar más de un millón y medio de soles al año de forma irregular.
Denuncias ignoradas desde el 2025
Este abuso no es ninguna novedad para las autoridades educativas. En febrero de 2025, el “Diario Viral” ya informaba sobre las protestas de los padres frente a la UGEL Sur, donde denunciaban que les exigían adelantos de hasta 1000 soles por alumno para poder matricularlos. En ese entonces, el dirigente Moisés Aroquipa fue claro al señalar que el colegio es de gestión pública y que el Estado ya cubre los gastos, por lo que la educación debería ser gratuita. A pesar de estas denuncias, que tienen más de un año, los cobros nunca se detuvieron.
Dinero sin control de los padres
Lo más grave es quién maneja ese dinero. Según los datos recogidos por Pancarta.pe, los pagos no van a la asociación de padres (APAFA) como manda la ley, sino a cuentas que maneja el propio director del colegio. Mientras tanto, a los padres que no pueden pagar se les amenaza con reportarlos a Infocorp o con retener los certificados de estudios de sus hijos. Se trata de un sistema de presión que utiliza el nombre de una institución del Estado para obtener dinero de forma injusta. Además, la normativa vigente establece que cualquier aporte debe ser voluntario y canalizado únicamente a través de la APAFA.
La educación no es un negocio
Hoy se sabe que el colegio IE 40159 Ejército Arequipa recibe presupuesto nacional para pagar sueldos y servicios básicos, por lo que cobrar pensiones mensuales constituye una falta grave. Tras conocerse, gracias a la investigación de Pancarta.pe, que el convenio utilizado contiene información alterada, queda en manos de la UGEL y la Gerencia Regional de Educación decidir qué pasará con este dinero recaudado. El caso podría derivar en acciones administrativas o legales. El trabajo ahora corresponde a las autoridades, que deben proteger a los padres de familia y garantizar que en un colegio público nadie tenga que pagar para que sus hijos puedan estudiar.
