29/04/2026 | Herbert Pino
La respuesta reactiva: Más uniformes para la misma
violencia
La reciente contratación de 50 nuevos inspectores por parte de la
Gerencia de Transporte parece ser la única respuesta de la Municipalidad ante
un caos que ya la desbordó. Sin embargo, la estrategia de «más botas en la
calle» está fallando frente a una informalidad que ya no huye, sino que
embosca. Mientras la comuna se limita a anunciar operativos, su personal es
enviado al hospital, como ocurrió en la avenida Parra y el Malecón Zolezi,
donde inspectoras fueron agredidas físicamente. La municipalidad está mandando
al personal a una guerra sin protección ni inteligencia, limitándose a levantar
actas mientras las unidades ilegales siguen siendo dueñas de la vía pública.
El abandono de las periferias: Una fiscalización que
no llega al destino
El rol de la municipalidad se desvanece conforme el
pasajero se aleja del centro. Existe una ausencia estatal crítica en los
distritos periféricos y en horarios nocturnos, lo que ha permitido que el
transporte informal y el propio SIT impongan sus propias reglas. La gestión de
Milagros Chirinos no ha logrado frenar el «pasaje escalonado» en el
Cono Norte ni el abuso de las combis formales que, a partir de las 9 p.m.,
cobran 2.00 soles bajo la excusa del «último carro», quedándose
estacionados en algún punto estratégico, no para captar pasajeros sino esperar
que se haga más tarde y la necesidad aumente en la población que desea llegar a
su hogar. Para el ciudadano de a pie, de nada sirve que la MPA cuente con 150
inspectores si ninguno está presente cuando el bolsillo del usuario es asaltado
en la ruta.
Impotencia administrativa ante el blindaje legal
Finalmente, la municipalidad se muestra incapaz de resolver el nudo legal que
asfixia el transporte regional. Mientras 12 empresas de minivanes operan hacia
Camaná, Islay y Caylloma con permisos vencidos hace 10 años, la comuna
provincial y regional parecen espectadoras de un desfile de medidas cautelares
en el Poder Judicial. La gestión municipal se queda en el anuncio del operativo
diario, pero carece de una estrategia legal sólida para desactivar este
blindaje que impide la llegada de buses modernos. Al final, el balance es una
institución que gasta en planillas de inspección, pero que ha perdido el
control real de las rutas y las tarifas.
