28/04/2026 | Alejandra Hancco
La Municipalidad Distrital de Cayma clausuró el pasado 27 de abril la clínica Florez Salud, establecimiento donde falleció Rebeca Llacho Ccahuana, una madre de familia de 32 años que se sometió a una liposucción. La intervención municipal se realizó luego de detectarse irregularidades en el funcionamiento del local.
Personal de fiscalización de la comuna, junto a representantes de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), acudieron hasta la avenida Trinidad Morán para cerrar el establecimiento. Según se informó, el motivo de la clausura fue el cambio de giro, ya que el local contaba con autorización de funcionamiento, pero no para realizar procedimientos quirúrgicos complejos.
De acuerdo con la Geresa, la clínica tenía permiso para operar como consultorio y para cirugías ambulatorias, es decir, procedimientos sin hospitalización. Sin embargo, para intervenciones estéticas como una liposucción se requiere infraestructura y autorización para hospitalización mínima de un día, además de condiciones especiales de seguridad médica.
La medida fue adoptada luego de la muerte de Rebeca Llacho, ocurrida la noche del 17 de abril tras someterse a la intervención quirúrgica en dicho establecimiento. El caso generó cuestionamientos sobre los controles previos a este tipo de locales y la fiscalización de servicios médicos privados.
Según la necropsia de ley, la mujer falleció a causa de un shock hipovolémico, producto de una hemorragia interna ocasionada por la rotura de un vaso sanguíneo. Su muerte dejó en la orfandad a dos menores de edad y motivó el pedido de justicia por parte de sus familiares.
José Cahuana, cuñado de la víctima, expresó su malestar por la actuación tardía de las autoridades. “Han esperado que alguien fallezca para recién tomar acciones”, cuestionó. También denunció que, hasta el momento, ni la clínica ni el médico responsable se habrían hecho cargo de lo sucedido.
Mientras la familia exige la detención del médico que realizó la operación, las investigaciones continúan para determinar posibles responsabilidades penales y administrativas. El caso también reabrió el debate sobre la supervisión de clínicas privadas y la necesidad de fortalecer los controles para garantizar la seguridad de los pacientes.
