08/05/2026 | Alejandra Hancco
La aprobación del proyecto que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú abrió dos frentes de controversia en el Congreso: por un lado, las críticas sobre una posible exclusión de artistas sin formación académica; y, por otro, las denuncias de que la norma incluiría una disposición orientada a afectar directamente a Delia Espinoza, actual decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL).
Con 83 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen recaído en diversos proyectos de ley que plantean la creación de este nuevo colegio profesional como una institución gremial autónoma de derecho público interno, sin fines de lucro y con patrimonio propio. La iniciativa también fue exonerada de segunda votación.
Sin embargo, durante el debate parlamentario, la congresista Susel Paredes cuestionó que la propuesta establezca como requisito ser egresado de escuelas superiores, institutos o universidades vinculadas al arte, lo que —según señaló— dejaría fuera a reconocidos artistas populares y autodidactas.
“Este proyecto puede tener la mejor de las intenciones, pero exige que sean egresados de escuelas. Tenemos artistas extraordinarios que nunca tuvieron educación académica”, sostuvo la parlamentaria.
Como ejemplo, mencionó a Olinda Silvano, quien expone actualmente en el Museo de Arte de Lima (MALI), y a Sara Flores, invitada a participar en la Bienal de Venecia, pese a no haber seguido estudios formales en instituciones artísticas.
Paredes también recordó a figuras icónicas de la música peruana como Pedro Suárez-Vértiz, Chabuca Granda y el grupo Los Shapis para advertir que el nuevo colegio podría convertirse en una barrera para artistas con amplia trayectoria, pero sin títulos académicos.
“Este colegio dejaría fuera tal vez a grandes genios del arte porque no van a tener el requisito de ser egresados de una escuela”, afirmó al solicitar que el proyecto vuelva a la Comisión de Cultura.
Pero la polémica escaló más allá del ámbito artístico. Tras la aprobación de la autógrafa, Delia Espinoza pidió al Ejecutivo observar parcialmente la norma al denunciar presuntas irregularidades en el trámite legislativo.
A través de un oficio dirigido al Gobierno, la decana del CAL cuestionó que, minutos antes de la votación final, se incorporara una disposición complementaria vinculada a impedimentos para integrar juntas directivas de colegios profesionales.
Según el texto observado, las personas inhabilitadas para ejercer función pública no podrían ocupar cargos directivos en colegios profesionales. La disposición tendría impacto directo sobre Espinoza, quien fue inhabilitada por el Congreso para ejercer función pública por diez años.
“La autógrafa tiene serios cuestionamientos de fondo, ya que pretende imponer impedimentos para la elección de futuros directivos en los colegios profesionales”, señala el documento enviado por la titular del CAL.
Desde sectores críticos a la iniciativa se acusa incluso que el cambio habría sido incorporado “a último minuto” mediante un texto sustitutorio presentado por el congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, poco antes de la votación definitiva.
Los cuestionamientos apuntan a una posible interferencia del Congreso en la autonomía de los colegios profesionales, especialmente del CAL, institución que cuenta con facultades relevantes dentro del sistema jurídico peruano, como la elección de un integrante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la presentación de acciones ante el Tribunal Constitucional y participación en procesos disciplinarios contra jueces y fiscales supremos.
La autógrafa queda ahora en manos del Ejecutivo, que deberá decidir si promulga la norma o la observa en medio de una controversia que mezcla representación artística, acceso cultural y tensiones políticas.
