La región de Arequipa ha experimentado un incremento preocupante en los casos de violencia sexual, situándose en el segundo lugar a nivel nacional en denuncias reportadas. Entre enero y septiembre de este año, se han registrado 9,500 casos de violación sexual a nivel nacional, de los cuales 820 corresponden a esta región.
Además, se han presentado alrededor de 1,900 denuncias de acoso sexual en lugares como el transporte público y los colegios, siendo el 70% de las víctimas menores de edad. Este hecho ha causado consternación en la población local y resalta la necesidad de intervención por parte de las autoridades.
La Fiscal Superior Virginia Aquize Díaz de la Segunda Fiscalía Superior de Familia de Arequipa ha indicado que existe una cantidad de delitos no denunciados, atribuidos al temor de las víctimas o a la falta de formalización de las denuncias. Aquize Díaz señaló que la mayoría de los casos de violencia sexual ocurren en el entorno familiar, con perpetradores que suelen ser familiares cercanos como padrastros, tíos, padres, hermanos o primos.
Esta situación se relaciona con la carencia de valores familiares y la presencia de violencia física, alcoholismo y la persistencia del machismo y estereotipos de género. La falta de conciencia y valores es una preocupación significativa en la comunidad, con casos en los que se considera a la niña como un objeto de satisfacción sexual.
A pesar de la gravedad de la situación, la respuesta de las autoridades locales ha sido limitada. La falta de acciones concretas por parte del Gobierno Regional de Arequipa y los gobiernos locales para abordar esta crisis ha generado críticas. La directora del Centro de Prevención del Abuso Sexual Infantil, Dessy Zanabria, criticó la aparente inacción de las autoridades, señalando que, a pesar de reuniones y discusiones, los avances concretos en el año 2023 son mínimos.
Se espera una mayor atención a este tema con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra La Mujer el próximo 25 de noviembre. A pesar de las marchas de concientización convocadas por el Gobierno Regional, se considera que estas acciones no son suficientes para abordar el problema.
Las sugerencias para combatir este problema incluyen medidas concretas como la contratación de psicólogos, la creación de centros de orientación familiar y centros de atención para niños, niñas y adolescentes, así como una estrategia de prevención sostenible. Sin embargo, se señala la falta de acciones presupuestales tanto a nivel nacional como local para cerrar las brechas de violencia. La falta de prioridad en la prevención social es una crítica recurrente hacia algunas autoridades que parecen invertir más en gastos de aniversario que en atacar esta problemática social.
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