Más de 130 comunidades indígenas afectadas por bajo caudal de ríos en Loreto y Ucayali

La Defensoría del Pueblo instó al Ejecutivo a adoptar medidas de atención inmediatas frente a la grave situación de falta de acceso a derechos fundamentales, como salud y alimentación, que dejó como resultado el aislamiento provocado en más de 130 comunidades indígenas ubicadas en Loreto y Ucayali, debido a las dificultades para la navegación y transporte que se originaron tras el descenso del caudal que afectó, hasta hace algunas semanas, a cerca de 30 ríos de ambas regiones, entre los que se encontraban algunos de suma importancia como el Amazonas, Marañón, Huallaga y Ucayali.

De acuerdo a un reporte con información recogida por la institución hasta el 17 de septiembre último, solo en Loreto se identificó a 112 comunidades nativas ubicadas en sus ocho provincias, las mismas que quedaron prácticamente aisladas por el déficit hídrico presentado en esta región. A ello se suma que en esta región se reportó que el desabastecimiento de productos de primera necesidad, como alimentos y agua potable, impactó a 17 distritos, con un alcance de afectación en más del 91 % de las comunidades nativas aisladas.

De otro lado, la sequía originó también naufragios con pérdidas de vidas humanas y la interrupción de algunos servicios de transporte y de servicios que brinda el Estado en los territorios de las comunidades nativas. Ello repercutió en la falta de acceso de la población a medicinas para el tratamiento de enfermedades como la malaria y el zika. Además, se advirtió que la situación de sequía prolongada afectó gravemente la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas.

Por su parte, en Ucayali, el bajo nivel de las aguas que se registró en los principales ríos de esta región dejó como resultado que 19 comunidades indígenas ubicadas en la provincia de Coronel Portillo quedaran en situación de aislamiento. Para la Defensoría del Pueblo, la situación de Ucayali fue crítica y preocupante debido a que los esfuerzos del Estado se direccionaron mayormente a controlar los incendios forestales que venían afectando a esta región.

En ese sentido, para garantizar el acceso a los derechos fundamentales de la población indígena, la Defensoría del Pueblo exigió acciones concretas por parte del Estado. En un documento elaborado por la institución se pidió al Ministerio de Defensa disponer la utilización de medios logísticos y de personal para habilitar puentes aéreos, en coordinación con los gobiernos regionales. Además, se recomendó al Ministerio de Educación implementar un plan de contingencia con el fin de garantizar la continuidad de las clases escolares en los colegios ubicados en las comunidades amazónicas aisladas por efecto de la sequía.