Cuando la ayuda del Estado se disfraza de generosidad

En Arequipa, las municipalidades se han vuelto expertas en aparecer cuando hay cámaras. Llevan bolsas de víveres, entregan canastas, organizan eventos para los más necesitados, y todo queda registrado en redes con autoridades posando junto a niños, madres de familia o ancianos agradecidos. La imagen es impecable, el mensaje parece claro…. están ayudando, pero, detrás de cada foto hay detalles que se omiten, fechas que se ignoran y consecuencias que nadie quiere asumir.

El caso más reciente ocurrió en el distrito de Miraflores durante una actividad por el Día Mundial del Medio Ambiente. Decenas de escolares participaron en una marcha simbólica cargando pancartas con mensajes de conciencia ecológica. Al terminar, como recompensa, la Municipalidad les entregó refrigerios, un gesto aparentemente pequeño pero lleno de simbolismo. Hasta que los padres de familia comenzaron a revisar las fechas de vencimiento: Las galletas habían caducado en febrero, los jugos en mayo. De los 72 paquetes repartidos, al menos 36 fueron consumidos por menores.

La noticia rápidamente se volvió viral y provocó indignación. La respuesta del municipio fue inmediata pero no convincente. "Se trató de un error involuntario”, "La compra había sido realizada por un voluntario externo", "No hubo intención de perjudicar a nadie".

Sin embargo, los productos vencidos llevaban el sello instituciona. Eran parte de una actividad organizada por la misma Municipalidad. Nadie revisó lo que se estaba entregando. Nadie se tomó el tiempo de verificar algo tan básico como una fecha de caducidad. ¿El resultado? Niños expuestos a posibles problemas de salud y una comunidad que volvió a perder la confianza.

Pero este no es un caso aislado. En el 2020, en pleno Estado de Emergencia por el Covid, la Municipalidad de Caylloma entregó canastas de víveres con productos vencidos a las familias del Valle del Colca. En ellas se encontraron latas de atún con doble fecha de caducidad: Unas del 2012, otras del 2022. Como si se hubiese intentado ocultar la verdadera antigüedad del producto. También había fideos, azúcar y arroz sin registro sanitario. La población, que ya vivía en condiciones precarias, recibió como “ayuda” una carga de incertidumbre y mentiras.

En todos estos casos hay un patrón: las municipalidades hacen actos de entrega sin planificación ni control, priorizando el impacto mediático por encima de la seguridad. Entregan por cumplir, sin fiscalizar, sin pensar en lo que están dando ni en quién lo recibirá. 

La ayuda se convierte en trámite, en simulacro. ¿Qué pasaría si el hijo de un funcionario comiera una galleta vencida? 

Lo más triste de todo es que muchas personas, por necesidad, aceptan esos productos sin chistar (reemplazar por una palabra que entienda la gente). Porque prefieren algo que no recibir nada. porque el hambre no permite exigir, porque la vergüenza de cuestionar una ayuda pública puede ser más fuerte que el miedo a enfermarse. 

Y eso es precisamente lo que las autoridades aprovechan.

Las municipalidades deberían ser las primeras en garantizar que la ayuda llegue en buenas condiciones. Actuar con transparencia, revisar los productos, asumir responsabilidades y pensar en las consecuencias de lo que entregan. Pero cuando la prioridad es la fotografía y no la dignidad, todo se convierte en una cadena de errores que siempre afecta a los mismos…. los más vulnerables.

Dar no es suficiente, hay que dar bien.

Porque cuando la ayuda enferma, ya no es ayuda.