17/03/2026 | Brian Vargas
El alcalde del distrito de Cayma, Juan Carlos Linares Cama, fue denunciado ante el Ministerio Público del Perú por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, tras detectarse una aparente desproporción entre sus ingresos declarados y la adquisición de bienes de alto valor, entre ellos una casa de playa estimada en S/ 1.8 millones.
La denuncia, hecha publica por el portal evidencia.pe fue presentada por la abogada Alice Patricia Román Delgado, sostiene que el incremento patrimonial se produjo en un corto periodo posterior a que el burgomaestre asumiera el cargo y no guarda relación con los ingresos consignados en sus declaraciones juradas ante el Jurado Nacional de Elecciones.
De acuerdo con dichos documentos, en las elecciones municipales de 2018 Linares reportó ingresos anuales por S/ 78,780, mientras que en 2022 declaró un total anual de S/ 41,640, equivalente a aproximadamente S/ 3,470 mensuales. En ambas declaraciones no figuraba ningún inmueble fuera de la provincia de Arequipa.
Sin embargo, actualmente posee —junto a su esposa Brenda Cecilia Miranda Esquivel— una vivienda de playa de dos niveles en la exclusiva urbanización Quinta Playeros, en el distrito de Mejía. El terreno de casi 500 metros cuadrados fue adquirido en julio de 2024 por S/ 336,800, según registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), y posteriormente se construyó una casa con piscina y acabados de lujo cuyo costo estimado supera el millón de soles.
La denuncia también señala que la propiedad fue financiada mediante créditos hipotecarios, uno de S/ 551 mil cancelado en poco más de un año y otro posterior de S/ 199 mil, lo que genera dudas sobre la capacidad económica para afrontar dichos pagos con los ingresos conocidos del alcalde, cuya remuneración mensual actual asciende a S/ 9,100.
Además del inmueble, Linares posee dos vehículos —una camioneta Toyota Hilux y un Jeep Grand Cherokee— valorizados en aproximadamente S/ 150 mil, así como gastos asociados a educación privada, manutención familiar y otros compromisos financieros.
Como parte de las diligencias solicitadas, se pidió a la Fiscalía recabar información sobre sus remuneraciones, declaraciones juradas ante la Contraloría, documentación registral del inmueble, licencia de construcción, pago de impuestos y el levantamiento del secreto bancario, entre otras medidas.
