Este lunes 25 de mayo se llevan a cabo las elecciones para elegir a los representantes estudiantiles en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Sin embargo, el proceso ha iniciado con una marcada contradicción en las cifras oficiales de los votantes habilitados, lo que podría generar perjuicios económicos inesperados para un sector del alumnado.
La controversia radica en la diferencia detectada entre el padrón digital y el físico. Por un lado, la lista difundida a través del canal informativo del centro estudiantil registra un total de 866 estudiantes aptos para sufragar. Por otro lado, las listas impresas y publicadas en los exteriores del aula 101 de la escuela profesional muestran una realidad distinta: al contabilizar las actas de votación, el número real de alumnos convocados asciende a 935.
Esta discrepancia de 69 estudiantes plantea un escenario de desinformación, ya que decenas de alumnos desconocen que están incluidos en el padrón físico y que tienen la obligación de asistir a las urnas. La ausencia en el proceso electoral universitario conlleva una sanción económica obligatoria que se aplica a todo aquel que no cumpla con emitir su voto.
Ante este panorama, surge la certeza de que la sanción económica afectará de forma distinta al alumnado con matrícula vigente: para los estudiantes regulares se cargará en la matrícula del siguiente semestre, mientras que para quienes cursan asignaturas pendientes para culminar la carrera, el recargo aparecerá en sus trámites de egreso.
Con esto se abre un debate evidente sobre la práctica profesional: ¿de quién es la responsabilidad final? Por un lado, está el error del ente que difundió una lista incompleta; por el otro, la omisión del propio estudiante de comunicación que, tras años de formación, no aplicó el principio básico de verificar y contrastar la información en los padrones oficiales. Al final, la situación deja una lección directa sobre el ejercicio de la carrera, cuestionando si el futuro periodista debe confiar a ciegas en un mensaje digital o asumir su obligación de corroborar los hechos
