25/06/2026 | Alejandra Hancco
Hay elecciones que eligen un presidente. Y hay otras que terminan eligiendo el país que somos. Las elecciones generales de 2026 hicieron ambas cosas.
Por primera vez en más de tres décadas, los peruanos recibieron una sola cédula para elegir presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino. La ONPE la presentó como la elección más compleja de la historia. No exageraba. La cédula medía 44 centímetros de ancho, reunía a 36 organizaciones políticas y obligaba a tomar cinco decisiones en un tiempo que apenas alcanzaba para desplegar aquella enorme hoja de papel que muchos compararon más con una sábana que con una cédula.
El domingo 12 de abril la democracia empezó a tropezar antes de que saliera el sol. A las seis de la mañana debían instalarse las mesas de sufragio, pero cientos permanecían cerradas porque el material electoral no había llegado. El Jurado Nacional de Elecciones amplió de manera extraordinaria el plazo de instalación hasta las dos de la tarde y extendió la votación una hora más, hasta las seis de la tarde. Lo que debía ser una excepción terminó convirtiéndose en la primera evidencia de que la elección más compleja de la historia también podía convertirse en la más caótica.
Pero el verdadero problema empezó cuando las puertas de los colegios se cerraron. Para millones de ciudadanos la elección había terminado. Para miles de miembros de mesa recién comenzaba.
El conteo manual de cinco procesos electorales convirtió colegios de todo el país en salas de escrutinio durante toda la madrugada. La ONPE había previsto una jornada de ocho horas. La realidad la extendió hasta el amanecer. En muchos locales el conteo terminó doce, quince y hasta más horas después. Muchos miembros de mesa amanecieron contando votos. Algunos colegios no pudieron recibir estudiantes al día siguiente porque la elección seguía desarrollándose puertas adentro.
Mientras todavía se contaban votos, afuera ya empezaban a contarse errores.
El 13 de abril renunció el gerente electoral de la ONPE, José Samamé Blas, luego de asumir responsabilidades por las fallas logísticas registradas principalmente en Lima. Más de 52 mil ciudadanos no pudieron emitir su voto debido a la falta de material electoral en 187 mesas de sufragio. La elección más compleja de la historia empezaba a transformarse también en una crisis institucional.
Después llegó algo que el Perú ya conocía. Las denuncias de fraude.
El entonces candidato Rafael López Aliaga denunció públicamente un presunto fraude electoral para favorecer el pase de Roberto Sánchez a la segunda vuelta. No presentó pruebas que demostraran una manipulación sistemática del proceso, pero la narrativa ya estaba instalada. Era inevitable recordar el 2021. Otra elección. Otros protagonistas. El mismo país sospechando de sus instituciones antes de conocer los resultados definitivos.
Hubo que esperar hasta el 17 de mayo para que el Jurado Nacional de Elecciones proclamará oficialmente a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como los candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial.
Parecía que lo peor ya había pasado. En realidad, apenas estaba cambiando de escenario.
La segunda vuelta se desarrolló el 7 de junio de 2026 con una promesa implícita de normalidad. Más de 27 millones de peruanos fueron convocados nuevamente a las urnas para decidir quién ocuparía Palacio de Gobierno durante los siguientes cinco años.
El Jurado Nacional de Elecciones registró alrededor de 15 incidencias a nivel nacional, entre ellas algunas cédulas previamente marcadas y el intento de toma de un local de votación. El resto de la jornada transcurrió sin mayores interrupciones visibles. Las mesas cerraron alrededor de las cinco de la tarde. El conteo concluyó entre las ocho y nueve de la noche. Parecía que, por fin, el proceso avanzaba sin tropiezos. Pero esa sensación duró poco.
Porque el cierre de la votación no cerró nada. Abrió otra vez el país de las pantallas.
Los conteos rápidos, las encuestas a boca de urna y las proyecciones comenzaron a circular casi de inmediato. Las cifras subían y bajaban en cuestión de horas, instalando un estado de espera permanente en el que ningún resultado parecía definitivo. El país no miraba un escrutinio: lo vivía en tiempo real.
En ese escenario, la disputa dejó de ser solo electoral. Se volvió narrativa.
La figura de la eventual ganadora aparecía y desaparecía en las proyecciones, mientras la lectura mediática se fragmentaba. En algunos espacios internacionales se la mencionaba con la carga simbólica de “la hija del dictador”, mientras en sectores de la prensa nacional era presentada como continuidad institucional y estabilidad democrática. Dos relatos simultáneos sobre un mismo proceso que aún no termina de definirse.
La polarización no necesitó de un resultado oficial para activarse.
Le bastó el conteo.
El 11 de junio, la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones mostró durante algunos minutos información en la que aparecía Keiko Fujimori junto a su fórmula presidencial como autoridad proclamada. El registro fue retirado poco después. El organismo precisó que no existía proclamación oficial y que el proceso continuaba en curso. Sin embargo, el hecho ya había circulado ampliamente y se había instalado en el debate público como un nuevo foco de desconfianza.
No importaba solo lo que decía el sistema.
Importaba lo que el país creyó ver.
Hasta el 24 de junio, con el 99.871 % de actas procesadas, queda menos de una décima parte por revisar. Keiko Fujimori obtiene el 50.120 % de los votos frente al 49.880 % de Roberto Sánchez. Formalmente el proceso sigue abierto; políticamente, el escenario parece mucho más claro. Después de tres derrotas presidenciales consecutivas, la cuarta postulación de Fujimori se acerca a darle lo que las anteriores le negaron. Sin embargo, el país continúa sin presidente proclamado y con un conteo que, diecisiete días después de la segunda vuelta, todavía no termina de cerrarse.
Mientras tanto, el voto del extranjero ocupó un rol decisivo en la conversación electoral. Las actas enviadas desde consulados en distintos países llegaron en valijas diplomáticas para su procesamiento final. En una elección definida por márgenes mínimos, esos votos adquirieron un peso simbólico mayor al habitual. Para unos, representan la extensión legítima de la ciudadanía más allá de las fronteras; para otros, la sensación de que el destino del país también puede definirse desde una realidad que no se vive dentro del territorio.
Y en medio de ese conteo extendido, el país volvió a mostrar su fractura más antigua.
La fractura social.
En redes sociales reaparecieron discursos de odio, racismo y clasismo dirigidos contra ciudadanos de distintas regiones, especialmente de la sierra, como si el origen geográfico definiera el valor del voto. La elección dejó de ser solo una disputa política y pasó a ser también una disputa sobre quién pertenece y quién no pertenece al “nosotros” nacional.
Desde el sur del país, además, volvió a escucharse una propuesta que parecía archivada pero nunca desapareció del todo: la creación de una “República Independiente de la Macroregión Sur”. La iniciativa, impulsada por el Frente de Defensa del Cono Norte de Arequipa (FREDICON), fue presentada por su dirigente Felipe Domínguez Chávez como una respuesta al centralismo limeño y a la falta de autonomía regional en la gestión de recursos. No se planteaba como separación inmediata, sino como reclamo político reactivado en medio del clima electoral y de las denuncias cruzadas sobre la legitimidad del proceso.
Más que un proyecto concreto, funciona como un síntoma. El síntoma de una distancia. Y esa distancia no es nueva, pero sí más visible.
El mapa electoral también lo muestra. Mientras Roberto Sánchez obtiene mayoría en 16 regiones del país, Keiko Fujimori predomina en 9. Detrás de los porcentajes aparece un país que vuelve a partirse en mitades cada vez que se acerca a las urnas.
Las actas terminarán de contarse. El Jurado Nacional de Elecciones proclamará finalmente a un ganador. Los votos observados dejarán de ser noticia y las valijas diplomáticas dejarán de llegar desde el extranjero. La elección, como todas, terminará oficialmente.
Lo que no termina con la misma facilidad es lo que queda debajo del resultado.
La desconfianza.
Porque estas elecciones no solo midieron preferencias políticas. Midieron el nivel de cohesión de un país que se reconoce a sí mismo de manera fragmentada. Un país que se enorgullece de su cultura, su gastronomía y su diversidad, pero que en cada proceso electoral vuelve a enfrentarse a la misma pregunta: cuánto de ese “Perú” es realmente compartido.
Quizá esa sea la verdadera derrota de las elecciones de 2026.
No la de Keiko Fujimori. Ni la de Roberto Sánchez.
Sino la de un Perú que, doscientos cinco años después de su independencia, todavía discute quiénes forman parte de la misma nación. Quizá el problema nunca estuvo únicamente en las actas, ni en los porcentajes, ni siquiera en el nombre del próximo presidente.
Quizá el problema es un país que, elección tras elección, sigue contando algo más que votos.
Sigue contando sus propias fracturas.
