18/06/2026 | Alejandra Hancco
Los trabajadores del Ministerio Público iniciaron este jueves 18 de junio un paro nacional de 48 horas para exigir el cumplimiento íntegro de las leyes que reconocen derechos laborales a los servidores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). La medida de fuerza se desarrolla en todo el país y comprende a las 35 bases sindicales del Ministerio Público, con excepción del turno fiscal; mientras que en Medicina Legal solo se mantienen los servicios esenciales. En Arequipa, alrededor de 300 trabajadores participan en la protesta, que a nivel nacional involucra a cerca de 12 mil servidores.
La secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público, Claudia Mostajo, señaló que la principal demanda es la aplicación total de la Ley N.° 32566, promulgada en enero de este año, que dispone el pase progresivo de los trabajadores CAS al régimen laboral 728. Asimismo, exigen el cumplimiento de la Ley N.° 32563, aprobada en marzo, que reconoce el derecho a percibir gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), beneficios que solicitan sean otorgados al 100 %.
Los manifestantes cuestionaron la propuesta presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la cual plantea que las gratificaciones y la CTS para los trabajadores CAS se implementen de manera progresiva hasta el año 2030. Según el proyecto, durante el 2026 los trabajadores recibirían solo el 10 % de su remuneración mensual por estos conceptos, porcentaje que aumentaría gradualmente hasta alcanzar el 100 % dentro de cinco años.
Mostajo calificó esta propuesta como discriminatoria al considerar que recorta derechos ya reconocidos por ley y mantiene diferencias entre los trabajadores del Ministerio Público. Además, indicó que el gremio también exige que el proceso de incorporación al régimen 728 se realice sin afectar la equiparación de remuneraciones ni generar nuevas brechas salariales entre el personal.
La paralización se extenderá hasta el viernes 19 de junio y, según el sindicato, busca que el Ejecutivo respete las normas aprobadas por el Congreso y garantice el acceso pleno a los beneficios laborales para todos los trabajadores CAS del Ministerio Público. Entretanto, las labores continúan de manera restringida en las áreas exceptuadas para asegurar la atención de los servicios esenciales.
