02/07/2026 | Alejandra Hancco
Sube las escaleras. Un piso. Luego otro. Después otro. Y uno más. Se detiene por un instante. Duda. Mira hacia abajo. Vuelve a dudar. Vuelve a mirar. Nadie sabe exactamente qué pensó en esos últimos segundos. Lo único cierto es que aquel viernes 30 de enero una estudiante de la Universidad Nacional de San Agustín perdió la vida dentro del campus universitario. La noticia recorrió rápidamente los pasillos universitarios y las redes sociales. Para muchos fue un hecho aislado. Para otros, una tragedia imposible de comprender.
Sin embargo, detrás de esa muerte existe una pregunta más inquietante: ¿cuántos jóvenes están atravesando una crisis emocional sin recibir ayuda? Porque los problemas de salud mental no aparecen de un día para otro. Como esos escalones, suelen acumularse uno tras otro, en silencio, hasta alcanzar un punto de quiebre.
Una crisis que ya no puede ignorarse
La salud mental dejó de ser un problema aislado para convertirse en una de las principales preocupaciones de salud pública del país. Según el Ministerio de Salud (Minsa), los Centros de Salud Mental Comunitarios realizaron más de 1,3 millones de atenciones durante el 2024. Sin embargo, esa cifra solo refleja a quienes lograron acceder a algún tipo de atención especializada. Detrás de esos registros existe una realidad más amplia: miles de personas enfrentan ansiedad, depresión u otros trastornos sin recibir ayuda profesional.
La magnitud del problema queda reflejada en el Estudio Nacional de Salud Mental 2025 del Instituto Nacional de Salud Mental «Honorio Delgado – Hideyo Noguchi», que señala que el 30,89 % de la población adulta peruana ha padecido o padecerá algún trastorno psiquiátrico a lo largo de su vida, lo que equivale a alrededor de 5,1 millones de personas.
Los jóvenes concentran una parte importante de esta crisis. El estudio global de bienestar mental de Sapien Labs (2026) ubica al 40 % de los peruanos entre 18 y 24 años dentro de rangos compatibles con dificultades clínicas de salud mental, convirtiéndolos en uno de los grupos más vulnerables del país.
Pero mientras la demanda aumenta, la capacidad de respuesta del sistema sanitario continúa siendo limitada. De acuerdo con el Colegio Médico del Perú, el país cuenta con apenas 294 psiquiatras para una población superior a los 34 millones de habitantes, menos de un especialista por cada 100 mil personas, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda al menos cinco. A ello se suma que menos del 3 % del presupuesto del sector salud se destina a la atención de la salud mental.
La situación de los psicólogos resulta algo más favorable, aunque todavía insuficiente. El Colegio de Psicólogos del Perú reporta cerca de 70 mil profesionales colegiados, pero solo una parte ejerce en el ámbito clínico y el 42 % se concentra en Lima, dejando a muchas regiones con una cobertura limitada.
Las cifras muestran una realidad difícil de ignorar: mientras la salud mental se deteriora, especialmente entre los jóvenes, el acceso oportuno a la atención especializada continúa siendo una de las principales deudas del sistema sanitario.
El problema comienza antes
Si la salud mental se ha convertido en una preocupación creciente entre los jóvenes, la pregunta inevitable es cuándo comenzó realmente el problema.
Para muchos especialistas, la respuesta se encuentra varios años antes de la universidad. El bullying, la violencia familiar, la presión académica, los problemas emocionales no tratados, el impacto de las redes sociales y la falta de acompañamiento psicológico forman parte de una realidad que acompaña a miles de estudiantes desde la infancia y la adolescencia.
Con el objetivo de enfrentar esta situación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación pusieron en marcha el plan «Salud mental en tu cole» para el periodo 2025-2026, orientado a fortalecer las habilidades socioemocionales, detectar factores de riesgo y articular la atención con los establecimientos de salud. Sin embargo, el programa alcanza actualmente solo a 350 instituciones educativas en todo el país, una cobertura reducida frente a la magnitud del sistema educativo peruano.
En Arequipa, la realidad refleja esa misma brecha. La decana del Colegio de Psicólogos de Arequipa, Ps. Esp. Ruth Natalia Gallegos Esquivias, señala que apenas unas 100 instituciones educativas estatales cuentan con un psicólogo, pese a que la Ley N.° 29719 (Ley Antibullying) dispone su incorporación desde 2011. Aunque durante 2025 se titularon y colegiaron alrededor de 800 nuevos psicólogos en la región, la especialista sostiene que el principal problema es la falta de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas y del sector Educación para crear nuevas plazas. Como consecuencia, muchos estudiantes terminan siendo derivados a establecimientos de salud que también enfrentan una alta demanda, retrasando la atención.
A esta situación se suma el incremento de la violencia escolar. Según el sistema SíseVe del Ministerio de Educación, Arequipa registró 1.508 reportes de violencia escolar durante 2025, 200 más que el año anterior. Del total de denuncias, 962 identifican a otros estudiantes como presuntos agresores. La médico psiquiatra Yesenia Gibaja, del Hospital Regional Honorio Delgado, advierte además que durante ese mismo año se atendieron casos de conducta autolesiva incluso en niños de seis años, asociados con frecuencia a conflictos familiares, bullying, uso inadecuado de redes sociales y consumo de sustancias.
La crisis que hoy se hace visible en la juventud, por tanto, no suele comenzar en la universidad. En muchos casos empieza años antes, cuando las primeras señales pasan desapercibidas y la ayuda profesional simplemente no está disponible.
Cuando la carga llega a la universidad
Si las primeras señales suelen aparecer durante la etapa escolar, la universidad se convierte con frecuencia en el escenario donde años de presiones acumuladas terminan manifestándose con mayor intensidad. A las exigencias académicas se suman la incertidumbre sobre el futuro, los problemas económicos, la presión familiar y, en muchos casos, la necesidad de combinar estudios y trabajo.
El Ministerio de Salud advierte que el 32,3 % de los jóvenes peruanos ha enfrentado problemas de salud mental o emocionales y que alrededor del 80 % no busca ayuda profesional de manera oportuna. No es casualidad que más de la mitad de los trastornos de salud mental aparezcan entre los 14 y los 29 años, etapa que coincide con la formación universitaria y los primeros años de la vida adulta.
La magnitud del problema también quedó reflejada en el II Estudio de Salud Mental en Universitarios del Consorcio de Universidades, publicado en 2025 tras encuestar a 6.978 estudiantes de pregrado. El informe reveló que el 37 % presenta síntomas severos o extremadamente severos de ansiedad, mientras que el 29 % reporta niveles graves de depresión.
La investigación también evidenció una brecha preocupante en el acceso a la atención. Aunque el uso de servicios psicológicos aumentó respecto a años anteriores, solo el 28 % de los universitarios recibió apoyo en salud mental durante el último semestre, incluso entre quienes presentaban indicadores de riesgo. Además, el 16 % manifestó haber considerado seriamente el suicidio o haber llegado a planificarlo.
Para la psicóloga arequipeña Maritza Gonzales, especialista en intervención juvenil, muchos estudiantes han terminado por normalizar un desgaste emocional que debería ser una señal de alerta. «Los estudiantes están intentando sostener más de lo que emocionalmente pueden manejar. Muchos ni siquiera identifican que viven una crisis porque la normalizaron», explica.
Las cifras confirman que la universidad no es el origen del problema, sino el momento en que las cargas acumuladas durante años encuentran un punto de quiebre. Lo que comenzó con conflictos familiares, violencia escolar o problemas emocionales no atendidos termina reflejándose en jóvenes que intentan cumplir con múltiples responsabilidades mientras enfrentan, muchas veces en silencio, una crisis de salud mental.
¿Quién está atendiendo la crisis?
En los últimos años, el Estado peruano ha ampliado progresivamente la red de atención en salud mental. Actualmente funcionan 305 Centros de Salud Mental Comunitaria en todo el país. En Arequipa existen 12 establecimientos de este tipo, además de 58 centros de salud que ofrecen atención psicológica y el Hospital de Salud Mental y Adicciones Moisés Heresi Farfán.
Sin embargo, la demanda continúa creciendo a un ritmo mayor que la capacidad de respuesta. Según registros del Sistema de Servicio de Salud Inteligente (ESSI) de EsSalud, entre 2020 y abril de 2026 se identificaron 114.404 pacientes con diagnósticos relacionados con salud mental. Solo entre 2020 y 2025 las atenciones aumentaron de 13.937 a 20.703 casos, un incremento cercano al 50 %, siendo la ansiedad, la depresión y los trastornos de adaptación los diagnósticos más frecuentes.
La presión también se percibe en los hospitales de la región. De acuerdo con la psiquiatra Yesenia Gibaja, durante 2025 el área de Psiquiatría del Hospital Regional Honorio Delgado brindó más de 2.300 atenciones y registró 281 episodios de conducta autolesiva. La especialista señala que la población más afectada se concentra entre los 20 y 39 años, aunque también se han reportado casos desde los seis años de edad, asociados principalmente a conflictos familiares, bullying, uso inadecuado de redes sociales y consumo de sustancias.
La gravedad del problema también queda reflejada en las cifras de mortalidad. Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), Arequipa registró 121 suicidios durante 2025 y, en lo que va de 2026, ya suma 52 casos, lo que evidencia que la crisis continúa presente.
Aunque la expansión de los servicios representa un avance importante, especialistas coinciden en que la respuesta no puede limitarse al tratamiento de quienes ya atraviesan una crisis. La verdadera apuesta debe estar en la prevención, la detección temprana y el fortalecimiento de la salud mental desde la infancia, antes de que las señales de alerta se conviertan en emergencias.
La estudiante que aquel viernes 30 de enero subió las escaleras de la Universidad Nacional de San Agustín no resume la historia de todos los jóvenes arequipeños. Pero sí recuerda que ninguna crisis comienza en el último escalón. Detrás de cada caso suelen existir años de señales ignoradas, violencia normalizada, escuelas sin acompañamiento psicológico, familias que no siempre reconocen el problema y jóvenes que aprendieron a callar lo que sienten. Ninguna política pública puede cambiar lo que ocurrió aquella mañana. Pero sí podría evitar que otra historia similar vuelva a repetirse.
