Fiscalía pide levantar el secreto de comunicaciones de Betssy Chávez y Aníbal Torres por golpe de Estado

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ha presentado un requerimiento para levantar el secreto de las comunicaciones de varios exfuncionarios públicos y militares de alto rango, según un documento judicial obtenido por El Comercio.

Entre los involucrados se encuentra el exasesor de la PCM y ex primer ministro Aníbal Torres Vásquez, así como Luis Alberto Mendieta Gavirondo, exjefe del Gabinete Técnico de la Presidencia; Fernando Aliaga Alejo, exintegrante del Consejo Directivo y presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP); y Juan Mariano Navarro Pando, exsecretario general del Ministerio de Cultura y responsable de la ejecución del pliego del IRTP.

Además, la lista también incluye a altos mandos policiales y militares, como el comandante general de la Policía Nacional, Jorge Luis Angulo Tejada; el general PNP y director de Turismo, Manuel Elías Lozada Morales; el teniente de la PNP Eder Antonio Infanzón Gómez; el general EP y comandante general del Ejército, David Guillermo Ojeda Parra; el exjefe del Estado Mayor de la PNP y general en retiro Vicente Marcelo Álvarez Moreno; y el excomandante general de la PNP, Raúl Alfaro Alvarado.

La fiscalía ha solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones a las empresas de telecomunicaciones, específicamente a Movistar, América Móvil SAC-Claro y Entel Perú, para que remitan un informe histórico de las comunicaciones desde el 2 al 16 de diciembre de 2022.

El juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, ha programado una audiencia reservada para el próximo 5 de julio a las 11:30 de la mañana, donde se debatirán los fundamentos del requerimiento. El magistrado ha señalado que la audiencia se realizará de manera virtual debido a la sensibilidad de la información relacionada con el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Esta medida busca obtener información relevante para la investigación en curso sobre presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos y militares de alto nivel, con el fin de esclarecer los hechos y garantizar el debido proceso.