Directiva de Palacio de Gobierno prohibía a Dina Boluarte recibir regalos que pudieran percibirse como actos de corrupción

Nacional 05/04/2024 Brian Vargas Brian Vargas
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El caso del lujoso reloj Rolex Datejust 36 que la presidenta Dina Boluarte lució en varias actividades protocolares ha generado un escrutinio sobre su origen, llevando a la Fiscalía a citarla para aclarar el asunto. Los cuestionamientos se han intensificado, llegando al punto en que el fiscal de la Nación interino, Juan Villena, ha ordenado una investigación sobre la mandataria por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar el reloj en su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas.

Una de las teorías sobre el origen del Rolex de oro rosa que adorna la muñeca presidencial apunta hacia el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, conocido coleccionista de relojes de la prestigiosa marca. Aunque Oscorima ha negado ser el donante del reloj presidencial, admitió haber adquirido un modelo similar. Otra figura sospechosa es el gobernador Werner Salcedo, quien también ha sido captado usando relojes Rolex en eventos oficiales, justificándolos como obsequios de cumpleaños y negando su autenticidad.

Sin embargo, la aceptación de tales regalos contradice una directiva vigente de Palacio de Gobierno. La Directiva 002-2021-DP/SSG, emitida por la Subsecretaría General de la Casa de Gobierno, establece un protocolo para el manejo de regalos, donaciones y beneficios similares en el Despacho Presidencial. Según el artículo 8 de este documento, los funcionarios de esta dependencia tienen terminantemente prohibido solicitar o recibir obsequios que puedan percibirse como actos de corrupción o que generen conflictos de intereses en las decisiones de la administración pública.

Esta directiva tiene como objetivo evitar situaciones que puedan ser interpretadas como favorecimiento a cambio de regalos. En este contexto, surge una controversia relacionada con la asignación de S/ 100 000 000 a Ayacucho para proyectos, lo que representa un incremento respecto al año anterior y plantea interrogantes sobre posibles vínculos entre los regalos recibidos y las decisiones de financiamiento gubernamental.

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