Gobierno de Boluarte registra mas de mil protestas durante su mandato

Según datos del Observatorio para la Democracia y Gobernabilidad de la PUCP, durante los últimos 17 meses, el gobierno de Dina Boluarte ha sido testigo de 1.102 protestas en Perú. Esta información se basa en una base de datos recientemente publicada que recoge más de 24 mil manifestaciones sociales en el país desde 1980.

Desde que asumió Boluarte tras el autogolpe de Pedro Castillo, hasta fines de 2023, se han registrado 755 protestas dirigidas contra el Ejecutivo.

Entre las demandas más frecuentes a nivel nacional destaca la exigencia de la renuncia de la presidenta, así como el adelanto de elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente. En regiones como Ayacucho y Puno, donde las protestas fueron reprimidas violentamente por las Fuerzas Armadas y la Policía, se han intensificado las acciones de presión sobre el gobierno.

Rechazo al Congreso: 182 acciones de protesta

De estas protestas, 182 eventos estuvieron dirigidos contra el Congreso. Los manifestantes se han pronunciado en contra de la vacancia de Pedro Castillo llevada a cabo por el Congreso, exigiendo su liberación. También demandan el cierre y disolución del Congreso, así como la convocatoria a nuevas elecciones generales. Además, expresan su descontento por el manejo del actual gobierno desde la asunción de Dina Boluarte a la presidencia.

Los manifestantes también han exigido la renuncia de Boluarte y la constitución de una nueva Asamblea Constituyente, así como críticas hacia la fiscal Benavides y reclamos relacionados con la inseguridad y la criminalidad. También se demandan mayores presupuestos y mejoras salariales para sectores como la salud y la educación.

Además, se han registrado protestas en rechazo a proyectos de ley aprobados por el Congreso, como la Ley 31520, que afecta la regulación educativa. Los colectivos y gremios también demandan igualdad de derechos para la comunidad LGTBIQ+ y sanciones efectivas a empresas como Repsol por desastres medioambientales.

Por otro lado, un grupo conservador del Congreso ha propuesto cambios que afectarían los derechos de las mujeres, y la Defensoría del Pueblo ha intervenido en ocasiones demandando el veto de ciertos proyectos de ley. También se han registrado pronunciamientos contra la Junta Nacional de Justicia y rechazo a varios congresistas por sus posiciones o acciones durante las manifestaciones.