Congreso archivó denuncias contra la presidenta Dina Boluarte

Por mayoría de votos, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó dos denuncias presentadas contra la presidenta Dina Boluarte, que incluían acusaciones de genocidio y falsedad ideológica y genérica.

Según se conoció, la primera Denuncia Constitucional N° 360, fue realizada por el ciudadano Ciro Silva Paredes, por los supuestos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, tipificado en el artículo 319 del Código Penal.
Al respecto, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió enviar al archivo esta denuncia con 8 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

En tanto, se detalló que la segunda Denuncia Constitucional 423, que fue interpuesta por Alfredo Arroyo Morales, incluían los delitos de falsedad ideológica y falsedad genérica, definidos en los artículos 428 y 438 del Código Penal. Además de agregarse los delitos de estafa política y "falso testimonio en el ámbito político representativo".
El informe que declaró la improcedencia de esta denuncia fue aprobado por mayoría con 9 votos en favor, 3 en contra y cero abstenciones.

¿QUÉ OTRA DENUNCIA MANTIENE LA PRESIDENTA DINA BOLUARTE?

El titular interino del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta de la república, Dina Boluarte, como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado por el denominado caso Rolex.

A través de un comunicado, la Fiscalía de la Nación detalló que los hechos se encuentran referidos a que la investigada, en este caso la jefa de Estado, habría recibido "en calidad de donación" del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, tres relojes de marca Rolex, un par de aretes argolla de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes, con el propósito de realizar actos propios de su cargo como presidenta de la república.

La denuncia constitucional fue presentada al presidente del Congreso, Alejandro Soto. Además, se le solicita la admisión y el inicio del procedimiento parlamentario de acusación constitucional y formular "la resolución acusatoria de contenido penal correspondiente, por advertirse la existencia de indicios razonables y suficientes de la comisión del delito denunciado, así como de la vinculación de la alta funcionaria denunciada, como autora del mismo".