Martín Vizcarra endeudó a Contraloría por 370 millones de soles para “capacitación” en función inexistente

Durante la gestión de Martín Vizcarra como presidente de la República y la de Nelson Shack, entonces contralor de la República, se endeudó a la Contraloría General de la República (CGR) por 100 millones de dólares (equivalentes a 370 millones de soles) con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2018.

En mayo de 2018, el Congreso aprobó una modificación a la Ley Orgánica de la CGR para permitir la sanción administrativa de funcionarios. A pesar de que el Tribunal Constitucional evaluaba la validez de esta modificación, se gestionó un proyecto de capacitación llamado "Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un Control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública". Este proyecto fue encargado a Amparo Ortega Campana, actual gerente de Tecnologías de la Información en la Contraloría.

El convenio, firmado el 14 de diciembre de 2018, contó con el apoyo de Carlos Oliva, entonces ministro de Economía, quien comprometió al sector a aportar la mitad del financiamiento, es decir, 50 millones de dólares (S/ 185 millones).

Documentos de seguimiento indican que los fondos se destinaron principalmente a la contratación masiva de programadores de software, muchos de los cuales habían estado vinculados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante la gestión de Piero Corvetto. Además, más de un millón de dólares se invirtieron en el Sistema de Gestión e-PAS (Proceso de Sistemas Administrativos Sancionador), considerado un "elefante blanco".

El Tribunal Constitucional derogó posteriormente la norma que permitía a la CGR aplicar diversas sanciones, cuestionando así la validez del endeudamiento y del proyecto de capacitación.