La Comisión de Constitución del Congreso aprobó un dictamen que modifica los artículos 34-A, 39-A y el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución, estableciendo que las personas con sentencia consentida o ejecutoriada por delitos graves no podrán ejercer cargos públicos durante un periodo de diez años.
Entre los delitos considerados en esta propuesta figuran aquellos que atentan contra la democracia, como rebelión, sedición, motín, terrorismo, traición a la patria y narcotráfico.
El presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, destacó que se trata de sancionar delitos que representan una amenaza grave al sistema democrático y al orden constitucional. “Lo que se busca es que quienes han atentado contra la democracia no puedan utilizarla para sus fines personales”, señaló.
El dictamen fue respaldado con 17 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones. Según el texto, la prohibición aplica tanto a cargos de elección popular como a designaciones en puestos públicos, y se extenderá hasta por diez años después de que se cumpla la condena.
El proyecto deberá ser aprobado en el Pleno del Congreso en esta legislatura y ratificado en la legislatura de marzo de 2025 para su promulgación.
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