Extradición de Alejandro Toledo se amplía por nuevos cargos de corrupción en la Interoceánica Sur

El Poder Judicial aprobó un nuevo pedido de extradición ampliada contra el expresidente Alejandro Toledo, lo que permitirá procesarlo en el Perú por delitos distintos a los que motivaron su entrega inicial en 2023. La decisión fue emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho a partir de la acusación fiscal que lo señala por colusión y lavado de activos agravado en la concesión del Tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur.

De acuerdo con la Fiscalía, Toledo habría favorecido a la constructora brasileña Camargo y Correa a cambio de hasta 6,3 millones de dólares. Al menos 5,4 millones habrían sido destinados directamente al exmandatario mediante empresas offshore vinculadas a su exsocio Josef Maiman, utilizadas para ocultar el origen ilícito del dinero.

El Ministerio Público solicita una condena de 24 años y 8 meses de cárcel contra Toledo. Entre las pruebas presentadas figuran testimonios de colaboradores eficaces, declaraciones de Maiman y del exejecutivo de Odebrecht Jorge Barata, así como registros migratorios, bancarios y de visitas a Palacio de Gobierno entre 2004 y 2006.

La investigación sostiene que durante su gestión Toledo firmó decretos y resoluciones que priorizaron la obra y la exoneraron de los procesos de preinversión. Entre ellos se encuentran el Decreto Supremo 018-2004-MTC, la Ley 28214 y el Decreto Supremo 022-2005-EF, que facilitaron la concesión del Tramo 4 a Camargo y Correa.

El caso pasará ahora a revisión en la Corte Suprema, que deberá ratificar el pedido antes de que el Ejecutivo lo formalice ante Estados Unidos. La defensa del exmandatario aún puede impugnar la medida, pero de aprobarse, Toledo enfrentará juicio por todos los tramos de la Interoceánica Sur, considerado uno de los procesos más emblemáticos del caso Lava Jato en el Perú.