Municipalidad de Caylloma endurece posición mientras crece tensión por fondo social con Minera Bateas

Arequipa11/12/2025 Omar Fernández
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Las negociaciones entre la Municipalidad Distrital de Caylloma y Minera Bateas entraron a una etapa crítica. A pocas semanas de cerrar el año, ambas partes mantienen posturas opuestas y el acuerdo por un nuevo Fondo Social continúa detenido.

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La comuna informó que respalda la decisión de la sociedad civil de rechazar la propuesta de la empresa, que planteó un aporte directo anual de 2.6 millones de soles. Desde el municipio exigen 15 millones al año, monto que consideran necesario para cerrar brechas sociales en salud, educación y servicios básicos.


Según el comunicado municipal, el equipo técnico sustentó el uso de los 15 millones para proyectos prioritarios y reiteró su apoyo al pedido vecinal de no aceptar una oferta considerada insuficiente. También solicitó que el gerente general de Bateas participe en la próxima reunión técnica.


En la mesa del 3 de diciembre, con presencia del Ministerio de Energía y Minas como observador, Bateas presentó una propuesta total de 20.4 millones para cuatro años. Incluye 10.4 millones en aportes directos y 10 millones mediante Obras por Impuestos. La minera recordó que es una operación de mediana envergadura, que procesa 1,500 toneladas al día y produce principalmente plomo y zinc, metales con precios internacionales bajos. Con esos márgenes, aseguró que no puede comprometer 15 millones anuales sin afectar su continuidad operativa.


La diferencia entre lo solicitado por la Municipalidad y la capacidad real de la mina dejó abierta una brecha difícil de cerrar. A ello se suma un problema recurrente en zonas mineras: varios gobiernos locales no logran ejecutar el presupuesto estatal que ya reciben. En Caylloma, parte de los recursos asignados cada año retorna al erario nacional por falta de ejecución.


Mientras las posturas se mantienen firmes, el año concluye sin señales de consenso. La preocupación central en el distrito es otra: cada mes sin acuerdo retrasa proyectos urgentes que deberían mejorar la calidad de vida de la población.

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