Especialistas advierten que ciudadanía necesita cultura digital para prevenir la ciberviolencia de género

La ciudadanía debe contar con un mínimo de cultura digital para prevenir la comisión de ciberdelitos y reducir el riesgo de convertirse en víctima de violencia en entornos virtuales, especialmente las mujeres, quienes enfrentan mayor exposición al cibercontrol, acoso en línea y discriminación digital.

Esta fue una de las principales conclusiones del curso de capacitación sobre “Ciberviolencia de género”, desarrollado durante la presente semana en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, con el apoyo del Consejo de Europa y del proyecto GLACY-e.

Durante la jornada formativa, jueces, fiscales y defensores públicos coincidieron en la necesidad de impulsar campañas de educación y sensibilización dirigidas a la población, en especial a las mujeres, para informar sobre mecanismos de protección de su integridad, privacidad y sexualidad en las redes sociales y plataformas digitales.

Asimismo, destacaron la importancia de reforzar las capacitaciones con enfoque de género y adaptar las medidas de protección a las nuevas formas de violencia que se manifiestan en el entorno digital.

Otro de los puntos abordados fue la urgencia de fortalecer las capacidades técnicas de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Poder Judicial, a fin de garantizar respuestas eficaces y oportunas ante las denuncias por ciberviolencia.

Los participantes también subrayaron la necesidad de contar con estadísticas específicas sobre ciberviolencia de género, que permitan comprender mejor la magnitud del problema y evaluar la respuesta del sistema de justicia frente a este tipo de denuncias.

Finalmente, se propuso que los legisladores impulsen estudios y el desarrollo normativo de las conductas que configuran la ciberviolencia contra las mujeres, así como una regulación clara sobre la obtención de prueba digital, la cadena de custodia y la conservación de evidencias, como conversaciones en aplicaciones de mensajería, mediante mecanismos técnicos como el uso de códigos hash.

El curso fue clausurado por el juez superior Fernán Fernández Ceballos, con la participación del representante del Consejo de Europa y juez español José Antonio Piña, así como del juez superior Roger Pari Taboada, responsable de la organización del evento académico.