01/07/2026 | Alejandra Hancco
El secretario general del Sindicato de Construcción Civil de Arequipa, Lugue Espinoza, cuestionó las recientes declaraciones del gobernador regional, quien pidió al gremio replantear su actitud al señalar que las protestas perjudican a Arequipa y podrían generar mayores costos para el Estado. El dirigente sostuvo que esas afirmaciones no contribuyen a resolver el conflicto laboral entre el sindicato y la empresa APM, encargada de ejecutar el nuevo módulo del Poder Judicial, y pidió a la autoridad asumir una posición más firme.
Espinoza afirmó que el principal reclamo del gremio es que los trabajadores arequipeños tengan acceso a oportunidades laborales en el proyecto. Precisó que no exigen cubrir la totalidad de las plazas, sino una participación equitativa. «Lo que estamos exigiendo es oportunidad de trabajo para los arequipeños. No pedimos el 100 % ni siquiera el 40 %, solo una participación justa en una obra que se ejecuta en nuestra región», manifestó.
El dirigente también rechazó la información difundida sobre la cantidad de obreros que laboran en la construcción. Según indicó, no son 19 trabajadores como se informó, pues de las personas enviadas por el sindicato solo algunas fueron aceptadas y actualmente casi ninguna permanece en la obra.
Asimismo, denunció el retiro de dos representantes sindicales que integraban el comité de obra. Aseguró que ambos cuentan con protección legal y solicitó su reincorporación, al considerar que la medida vulnera sus derechos laborales y limita la representación de los trabajadores durante la ejecución del proyecto.
Sobre las mesas de diálogo convocadas para atender la controversia, Espinoza señaló que el gobernador se limitó a desempeñar un rol de mediador y lamentó que no impulsara acuerdos para priorizar la contratación de mano de obra arequipeña. A su juicio, esa postura no ayuda a destrabar el conflicto.
Finalmente, informó que el sindicato mantendrá las medidas de protesta mientras no se alcance una solución, aunque aseguró que las movilizaciones continuarán de manera pacífica. Además, reiteró su disposición al diálogo y pidió al gobernador convocar directamente a la empresa ejecutora para encontrar una salida que garantice el respeto de los derechos de los trabajadores locales.
