Presidente del JNE advierte que proyectos en el Congreso "vulnerarían" la autonomía de entes electorales

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, alertó en una conferencia de prensa sobre el grave riesgo que enfrenta la democracia del país debido a los ataques contra la institucionalidad democrática por parte de una fracción del Congreso. Estas declaraciones se refieren a propuestas legislativas que buscan modificar el Artículo 99 de la Constitución Política del Perú para incluir a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones como funcionarios públicos sujetos a juicio político en el Parlamento.

El artículo 99 actualmente establece que la Comisión Permanente del Congreso es la encargada de acusar al presidente del país, legisladores y miembros de otras instituciones del Estado, pero no incluye a las autoridades electorales. Las resoluciones emitidas por el Poder Judicial a principios de este año impidieron que el Parlamento modificara el artículo 99, generando un conflicto de competencias que fue resuelto por el Tribunal Constitucional a favor del Congreso. En su fallo, el Tribunal Constitucional exhortó al Congreso a reformar el artículo 99 de la Constitución para incluir a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, así como a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), todos ellos órganos que conforman el Sistema Electoral peruano.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones manifestó que esta propuesta busca el control del Jurado Nacional de Elecciones a través del temor al juicio político y representa una tercera ola de ataques contra la institución. Además, advirtió que esta situación pone en peligro la democracia y socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

Las declaraciones de Salas Arenas generaron diversas respuestas por parte de congresistas. Algunos consideran que la modificación propuesta viola el principio de división de poderes y es antidemocrática, mientras que otros defienden la posibilidad de juzgar a cualquier funcionario público que haya infringido la Constitución.

En relación a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de no adoptar reformas que debiliten la autonomía e independencia del Sistema Nacional Electoral, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones afirmó que es necesario que la Comisión solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una medida provisional para garantizar el desempeño de sus funciones y que el Parlamento debe acatar dicho fallo. En caso de no cumplir con esta medida, se estaría acercando a una dictadura congresal.

En cuanto al tema del adelantamiento de las elecciones, Salas Arenas mencionó que los organismos electorales podrían llevar a cabo un proceso electoral en un plazo de 230 días si se realiza la convocatoria correspondiente, excluyendo las elecciones primarias dentro de los partidos debido a la falta de tiempo.

Por último, en relación a las iniciativas parlamentarias que buscan que las Fuerzas Armadas conserven una copia de las actas de sufragio durante las elecciones, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones recordó que las Fuerzas Armadas no son deliberantes y que la democracia no necesita la tutela de las Fuerzas Armadas, ya que la fiscalización y el conteo de votos corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).