Se registran más de 46 mil denuncias de violencia contra niñas, niños y adolescentes

Según reportes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de enero a setiembre del 2024, los Centros Emergencia Mujer (CEM) atendieron 46 113 casos de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años que fueron violentados en diversas modalidades. De esta cifra, 16 447 (35.67 %)  fueron de violencia sexual, es decir, que 54 niñas, niños y adolescentes aproximadamente fueron violentados sexualmente a diario, señaló la Defensoría del Pueblo. 

En concordancia con lo señalado por el Comité de los Derechos del Niño, las dimensiones ocultas de la violencia implican aceptar -por parte de niñas y niños, así como de sus agresoras/agresores y del público en general- que la violencia es parte inevitable de esa etapa de vida; o normalizar el acoso escolar, el castigo físico y humillante, el acoso sexual y otros tipos de violencia, sobre todo, cuando no muestran un daño físico visible y duradero.

Ante este problema, se necesita también de medidas concretas y permanentes que contribuyan a desterrar esas nociones equivocadas; también, urgen acciones que prevengan afectaciones a la integridad física, psicológica y sexual de la niñez y adolescencia en nuestro país, con intervención de los servicios sectoriales y aquellos pertenecientes a los gobiernos regionales y locales. En la medida que se dote a dichos servicios de condiciones adecuadas para su funcionamiento y se supervise sus funciones, estos podrán garantizar la defensa y protección efectivas a la niñez y adolescencia.

Aparte de ello, la desigualdad en el acceso a servicios básicos continúa afectando, principalmente, a niñas, niños y niñas y adolescentes en zonas rurales y urbanas marginadas, quienes enfrentan mayores barreras para acceder a servicios de alimentación, salud, educación y protección, lo que afecta su desarrollo integral, supervivencia y calidad de vida. Es necesario que el Estado, mediante las entidades competentes, asegure el monitoreo continuo de estos servicios importantes para las personas menores de edad.

Otra amenaza al ejercicio de sus derechos son las consecuencias del cambio climático que impacta, en mayor medida, en el bienestar de la niñez y adolescencia de zonas rurales, periurbanas o con población indígena, por el incremento de enfermedades, la destrucción o interrupción de servicios educativos y sanitarios, la falta de acceso suficiente a alimentos y agua incrementan, el desempleo causado a sus progenitores/as, entre otros.

Este contexto grave, obliga al Estado a brindar una protección reforzada a niñas, niños y adolescentes, a través de acciones planificadas y articuladas entre todos los niveles de gobierno (nacional, regional y local) y sectores competentes a fin de responder a su interés superior, el cual obliga a garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos que reconoce la Convención de los Derechos del Niño.