CIDH pide medidas provisionales para garantizar la seguridad de Jorge Salas Arenas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó el pasado 18 de julio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgar medidas provisionales a favor de Jorge Luis Salas Arenas y su núcleo familiar para proteger sus derechos a la vida y la integridad personal, en el Perú. De hecho, la Comisión ha mencionado, a través de un pronunciamiento difundido en su web oficial, que las iniciativas del Estado peruano “no han sido suficientes para la mitigación de los elementos generadores de riesgo y, por tanto, los derechos”. 

Asimismo, la Comisión ha solicitado a la Corte que inste a Perú a «tomar las acciones requeridas para abordar las causas fundamentales del riesgo» y «mantener las medidas de protección que se han implementado respetando el principio de consulta con los representantes y los beneficiarios propuestos». Precisamente porque estas medidas provisionales son emitidas por la CIDH en situaciones de «extrema gravedad y urgencia» para prevenir daños irreparables a las personas.

Bajo esa misma línea, la Comisión remarca que estas medidas son de carácter obligatorio para los Estados, lo que significa que las decisiones contenidas en ellas requieren que los estados tomen acciones específicas para salvaguardar los derechos y proteger la vida de las personas en riesgo. Es relevante mencionar que la CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato se deriva de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por su parte, es menester recordar que el Jurado Nacional de Elecciones, después de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo ha enfrentado duras críticas. Es así como, desde el Congreso y la comunidad peruana en general, se plantearon diversos cuestionamientos ante los resultados electorales del 2021. Por lo que, el Congreso, en ejercicio de su potestad legislativa, ha presentado propuestas legislativas para llevar a cabo juicios políticos contra las autoridades electorales. No obstante, dichas iniciativas han recibido la negativa por parte del presidente del JNE. 

Por lo que, en el desempeño de sus funciones, Salas Arenas ha sido objeto de “campañas de acoso, estigmatización y críticas provenientes de sectores políticos y sociales” así como de amenazas de muerte y actos de intimidación, según precisó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.