El congresista Esdras Medina Minaya, representante de Unidad y Diálogo Parlamentario, fue designado como presidente de la Comisión Especial Investigadora de Monitoreo, Fiscalización y Control del Ministerio de Educación, Sunedu, Sineace y otros órganos relacionados con la educación en el país. Esta comisión, formada por ocho congresistas, tiene la responsabilidad de abordar asuntos críticos en el sector educativo.
Junto al congresista Medina, la mesa directiva de la comisión estará compuesta por la legisladora Tania Ramírez de Fuerza Popular, quien ocupará la vicepresidencia, y Alex Paredes del Bloque Magisterial, que se desempeñará como secretario. El grupo de trabajo llevará a cabo sus sesiones los lunes a partir de las 11:30 horas, siguiendo la aprobación de la moción 7535 por parte de la Representación Nacional.
Durante su discurso, el congresista Medina destacó la importancia de abordar temas relacionados con la inversión en educación y las prácticas irregulares en el sector. Mencionó que en el año 2022 se reveló que se habían destinado 400 millones de soles a consultorías en las últimas décadas, lo que desencadenó acciones correctivas. Sin embargo, persisten las prácticas irregulares, como el alto gasto en dietas y planillas por parte del Consejo Nacional de Educación.
El congresista subrayó que la ciudadanía espera respuestas efectivas para mejorar la calidad educativa y que es deber de los representantes del pueblo ser guardianes de la inversión pública. La comisión se encargará de evaluar la legislación existente, así como los proyectos y planes presupuestarios, con el objetivo de promover un sistema educativo beneficioso para la población y las generaciones futuras.
La Comisión Especial Investigadora de Monitoreo, Fiscalización y Control del Ministerio de Educación y sus organismos afiliados cuenta con la participación de ocho congresistas de diferentes partidos políticos, incluyendo Perú Libre, Alianza Para el Progreso, Podemos Perú, Acción Popular, Perú Bicentenario, y Unidad y Diálogo Parlamentario. Su labor se centrará en mejorar la calidad y eficiencia del sistema educativo peruano.
La máxima sanción contra el congresista Espinoza se basa en “la transgresión de normas estatutarias, reglamentarias y código de ética”. El legislador utilizó recursos públicos y obligó a sus trabajadores a recoger firmas para impulsar la inscripción de su nuevo partido político “Adelante Áncash”.
