Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa rechaza posible control del Congreso en el PJ

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA), César de la Cuba Chirinos, enfáticamente rechazó la posibilidad de intervención externa en el sistema judicial, manifestando que cualquier acción en ese sentido resultaría inconstitucional.

De la Cuba Chirinos hizo énfasis en la independencia judicial, considerándola una salvaguarda crucial para los ciudadanos y un pilar esencial del Estado Constitucional de Derecho. Advirtió que, de avanzar el proyecto de reforma constitucional relacionado al nombramiento, plazo y cese de jueces y fiscales, los magistrados emprenderían acciones legales basadas en la inconstitucionalidad de dicha propuesta.

Desde el congreso se viene proponiendo un proyecto de ley para realizar una reforma constitucional del Poder Judicial y el Ministerio Público. Esta iniciativa pretende modificar los artículos 144 y 158 de la Constitución Política, vinculados al nombramiento, plazo y cese de los máximos titulares de estas entidades autónomas. Específicamente, apunta a cambiar los artículos 106 y 107 de las leyes de las carreras judicial y fiscal, buscando incluir al Congreso como la institución encargada de destituir a los fiscales y jueces supremos de sus cargos, un punto especialmente relevante para la propuesta.

El presidente de la CSJA resaltó la existencia de un control funcional externo riguroso, con evaluaciones y ratificaciones constantes, subrayando la unidad de los jueces en la defensa de la independencia judicial y el equilibrio de poderes.

Además, durante la ceremonia de “Apertura del Año Judicial 2024”, César de la Cuba anunció la construcción de las sedes judiciales de Cerro Colorado e Islay, proyectos valorados en más de 51 millones de soles que serán financiados bajo la modalidad de obras por impuestos por parte de empresas privadas. En su discurso, agradeció el respaldo de las autoridades regionales y locales en la mejora de la infraestructura judicial, señalando la importancia de cerrar la brecha existente en este ámbito.

Por último, informó sobre el corte de contrato de 90 servidores CAS, una medida impuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas, que restringe el uso de saldos presupuestales para asuntos relevantes que contribuirían a mejorar la productividad en el sistema judicial, aclarando que esta acción no fue tomada por la presidencia de la Corte de Arequipa o el Poder Judicial.