La fiscal Fanny Molina Villena, a cargo del despacho anticorrupción, lidera una intervención en la sede de la Dirección Regional de Cultura del Cusco para investigar el presunto uso indebido de recursos en la reventa de boletos turísticos de Machu Picchu. Agentes de la Policía Anticorrupción participan en estas diligencias.
El Ministerio Público busca recabar información sobre el supuesto uso de máquinas, instalaciones y personal del gobierno regional para la venta irregular de boletos de ingreso a la ciudadela inca. La fiscalía tiene como objetivo identificar a los responsables de la presunta mafia de boletos en Machu Picchu, así como determinar la implicancia de malos funcionarios regionales y distritales en esta práctica ilegal contra el patrimonio cultural.
Adicionalmente, se informa que la fiscalía revisa videos para identificar a presuntos delincuentes que causaron daños durante la huelga de 7 días en Machu Picchu pueblo.
En otro contexto, tras la protesta y la controversia en torno a la venta de boletos, la ministra de Cultura, Leslie Urtega, había descartado el retorno al sistema anterior, calificándolo como "sinónimo de corrupción". Sin embargo, en una reciente declaración llamada 'Declaración de Machu Picchu', se acordó dar terminación anticipada a un contrato con una tiquetera, ratificar la venta presencial de boletos y gestionar el retorno de la administración estatal en un hotel local.
Cabe destacar que Cultura y el Gobierno Regional de Cusco aseguran que garantizarán la continuidad del servicio de venta digital durante el proceso de transición a la plataforma de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. La situación en Machu Picchu ha generado tensiones, pero se informa que el paro en la zona ha sido levantado.