Proyecto de ley busca proteger el Patrimonio Cultural de la Nación ante ocupaciones ilegales

El congresista Héctor Acuña Peralta ha presentado el proyecto de ley N°6938, enfocado en asegurar una defensa jurídica eficaz para la protección de los bienes que forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación.

La iniciativa legislativa propone la inclusión de la Duodécima Disposición Complementaria Final al Decreto Legislativo Nº 1326, que tiene como objetivo reestructurar el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y establecer la Procuraduría General del Estado.

El proyecto busca que la Procuraduría General, a solicitud de la Dirección Desconcentrada de Cultura o del Gobierno Regional correspondiente, designe a procuradores ad hoc especializados en la protección del Patrimonio Cultural de la Nación, mediante un proceso de concurso público basado en méritos. Además, se propone que dichos procuradores ad hoc tengan un mandato inicial de tres años, con posibilidad de prórroga.

Esta propuesta surge como respuesta a la evidente dificultad del Estado para llevar a cabo una defensa jurídica oportuna y eficaz en lo referente al Patrimonio Cultural. Un claro ejemplo de esta problemática es la situación actual en la zona arqueológica de Chan Chan, reconocida como la ciudadela de barro más grande del mundo y declarada patrimonio mundial por la UNESCO, donde se han detectado ocupaciones ilegales.

La Contraloría General de la República, en el año 2015, llevó a cabo una acción simultánea en ocho zonas arqueológicas en Lima y Callao, declaradas como Patrimonio Cultural de la Nación, encontrando que más de 200 km2 de áreas intangibles estaban invadidas, con siete de ellas sufriendo daños irreversibles. Esta problemática se extiende a nivel nacional, afectando sitios y complejos arqueológicos en diversas regiones del país como Áncash, La Libertad, Cusco y Puno, poniendo en riesgo la preservación de valiosos bienes culturales.

Ante esta situación, se busca dotar al Sector Cultura con herramientas legales efectivas para contrarrestar las acciones de aquellos grupos que invaden estas áreas. Se reconoce la necesidad de contar con profesionales especializados que puedan brindar una defensa jurídica exclusiva y oportuna para garantizar la preservación del patrimonio cultural del país.