Brian Vargas
En los últimos siete meses, la Fiscalía y el Poder Judicial han dispuesto la liberación de al menos 69 presuntos delincuentes implicados en diversos delitos, como organizaciones criminales, extorsión, sicariato, asesinato y robo de celulares, entre otros.
Expertos señalan que existen deficiencias en el trabajo del Ministerio Público y posibles influencias de temor o corrupción en los jueces.
Uno de los casos más destacados fue el de Francisco Mogollón Piña, alias ‘Maldito Frank’, quien fue detenido por su presunta participación en el secuestro y asesinato de un empresario en Santa Anita. A pesar de los indicios en su contra, la jueza Roxana Castro negó la solicitud de prisión preventiva.
Otro ejemplo es el caso de tres hombres detenidos por presuntamente detonar un artefacto explosivo en una vivienda. La Fiscalía no pudo obtener pericias que verificaran el estado de los explosivos, lo que llevó a la liberación de los sospechosos.
Estas decisiones han generado preocupación en la ciudadanía respecto a la seguridad pública y la efectividad del sistema de justicia en la lucha contra la delincuencia.
Además, el 54% de los trabajadores manifestó haber sido discriminada por su edad. Otros tipos de discriminación mencionadas son el género y el color de piel.
