𝗟𝗮 𝗺𝗶𝗻𝗲𝗿𝗶́𝗮 𝗶𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹 𝗮𝗳𝗲𝗰𝘁𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼𝘀 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻𝗼𝘀 𝘆 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹𝗲𝘀

La minería ilegal se ha convertido en una actividad altamente lucrativa, generando más ingresos ilícitos que el propio narcotráfico. Según datos del 2022, la producción no formal (entre informal e ilegal) representó el 39.3% de la producción nacional de oro, valuado en aproximadamente US$ 4 mil millones. 

Este valor anual alcanza los S/ 23,760 millones de soles (equivalentes a unos US$ 6 mil millones), lo que supone una pérdida del 2.5% del PBI. Sin embargo, estos ingresos están sustentados en una red de corrupción, asesinatos, explotación humana, impacto ambiental devastador, contrabando y lavado de activos a través de redes internacionales de empresas offshore.

Además de representar una amenaza para la estabilidad económica del país, la minería ilegal también socava los derechos humanos y la seguridad de las comunidades locales. Se han documentado casos de explotación infantil, trabajo forzoso, violencia y discriminación contra las mujeres, así como la invasión y contaminación de los territorios indígenas.

El proceso de formalización, que lleva más de dos décadas en curso, ha fracasado en su intento de regularizar la actividad minera de pequeña escala, que ahora está infiltrada por grupos ilegales y ha servido como fuente de financiamiento para organizaciones criminales nacionales e internacionales, como el "Tren de Aragua" o el "Comando Vermelho".

Ante esta grave situación, urge una acción coordinada y enérgica por parte del Estado, la sociedad civil y el sector privado para abordar de manera integral esta crisis, protegiendo los derechos humanos, preservando el medio ambiente y promoviendo un desarrollo económico sostenible y equitativo para todos los peruanos.