PJ confirma orden para que Fiscalía revise 2 celulares incautados de Alan García

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de dos teléfonos celulares incautados al fallecido expresidente Alan García Pérez. Esta decisión ratifica una resolución previa emitida por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria en marzo de este año.

El fallo fue emitido tras declarar infundado el recurso de apelación presentado por la defensa técnica de María del Pilar Nores de García, Alan Raúl Simón García, Josefina García Nores y Carla García Buscaglia. La Sala decidió mantener la Resolución N.° 13 del 11 de marzo de 2024, que autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones como parte de una investigación en curso.

Este levantamiento se enmarca dentro de las investigaciones que se realizan contra el exsecretario presidencial de Alan García, Luis Nava Guibert, y otros implicados, por presuntos delitos de colusión agravada y otros cargos en perjuicio del Estado.

El origen de esta medida se remonta a abril de 2021, cuando el fiscal provincial del Equipo Especial de la Fiscalía solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones del expresidente García. Inicialmente, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó la petición. Sin embargo, tras una apelación del Ministerio Público, esta decisión fue revocada, permitiendo la intervención a la privacidad de los dos teléfonos incautados.

Tras varias instancias de apelación y correcciones en las resoluciones, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado el requerimiento en marzo de 2024. La defensa de la familia García apeló esta decisión, llevando el caso a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que ahora ha confirmado la medida.

La Sala justificó su decisión argumentando que, aunque Alan García Pérez falleció, la investigación sobre su posible involucramiento en actos de corrupción podría revelar detalles importantes sobre la operación de una presunta organización criminal. Se sospecha que García, durante su presidencia, pudo haber favorecido la adjudicación de obras a empresas brasileñas y peruanas a cambio de comisiones ilegales.

La medida de levantar el secreto de las comunicaciones fue considerada proporcional, necesaria y legítima, ya que podría proporcionar información crucial sobre la estructura y operación de dicha organización criminal.

El acceso a la información contenida en los dispositivos de Alan García podría proporcionar evidencias decisivas que clarifiquen la implicación de Nava y otros en los actos de corrupción investigados.

Si se encuentran comunicaciones directas entre García y Nava, o con otros implicados, estas podrían demostrar coordinación o conocimiento compartido de las actividades ilícitas, como el cobro de comisiones ilegales. Esto fortalecería la posición del Ministerio Público, que sostiene la existencia de una organización criminal dentro del Gobierno destinada a favorecer a ciertas empresas en la adjudicación de obras públicas.