JNE propone ley para que fundadores de partidos políticos no tengan condenas por delitos graves

Nacional19/08/2024Brian VargasBrian Vargas
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó un proyecto de ley que busca establecer nuevas restricciones para los fundadores y directivos de los partidos políticos, con el objetivo de garantizar la idoneidad de quienes dirigen estas organizaciones.

La propuesta plantea que ninguna persona con una sentencia condenatoria por delitos graves como terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito pueda fundar o dirigir un partido político en el país.

Además, la iniciativa legislativa estipula que las agrupaciones políticas que participen en los procesos electorales deberán suspender su participación si se demuestra que un fundador o directivo ha sido condenado por alguno de los delitos mencionados, y la organización no ha tomado medidas para retirarlo de su cargo. Esta suspensión aplicaría al proceso electoral en curso o al más cercano.

El JNE, bajo la presidencia de Jorge Luis Salas Arenas, sostiene que el derecho a fundar y dirigir partidos políticos no es absoluto y, por tanto, puede estar sujeto a restricciones que aseguren la calidad ética y moral de quienes lideran estas agrupaciones.

El proyecto de ley también exige que los fundadores y directivos presenten una declaración jurada en la que se comprometan a respetar el estado de derecho y los principios democráticos recogidos en la Constitución. El JNE argumenta que este tipo de medidas son esenciales para evitar que personas con antecedentes delictivos ocupen posiciones de poder y para garantizar que los partidos políticos se conduzcan conforme a los valores democráticos.

La iniciativa enfatiza la importancia de que los líderes políticos sean personas que no solo guíen el rumbo de los partidos, sino que también sirvan como ejemplo de integridad para la sociedad. La propuesta está en manos del Congreso, donde se espera un debate intenso sobre su viabilidad y alcance en el marco de las próximas elecciones.

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