Minería Ilegal, ejemplo de la inacción pública

Por Elsa Galarza, directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y ex ministra de Ambiente.

La minería y tala ilegal en el Perú constituyen un grave problema que afecta no solo al ambiente, sino también a la economía y a las comunidades locales. Estas actividades ilícitas generan una pérdida significativa de recursos naturales, biodiversidad y servicios ecosistémicos, además de erosionar el estado de derecho y fomentar la corrupción y las actividades delictivas.

Cuando se habla de la importancia de la minería para la economía peruana, visualizamos a la gran minería, a aquella que invierte grandes capitales en períodos de tiempo largo. Sin embargo, existe también una pequeña minería o minería artesanal que se desarrolla a lo largo del territorio nacional y que, como es el caso de muchas actividades en el país, se desarrolla de manera informal.

Desde hace mucho tiempo, se ha querido confundir, lo que es minería artesanal informal con lo que constituye una actividad minera ilegal. La minería ilegal es aquella que realiza actividades en áreas prohibidas, como en lechos de ríos o en áreas naturales protegidas, o también aquella que utiliza insumos que se encuentran prohibidos. Esta minería ilegal no puede ni debe ser formalizada.

En las últimas dos décadas se ha visto crecer a la minería ilegal en el territorio. De acuerdo con un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, la minería ilegal ha afectado el área de 32 distritos en las cinco regiones amazónicas (Loreto, Madre de Dios, Amazonas, Huánuco y San Martín), aunque debe precisarse que la minería ilegal está presente en todas las regiones de país, pero no se cuenta con herramientas para cuantificarlas.

Asimismo, un estudio de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revela que la minería ilegal es una de las principales actividades delictivas junto con el narcotráfico, considerando la cantidad de dinero que movilizan. Así, el estudio estima que el monto de registro de operaciones sospechosas con posible delito precedente de minería ilegal asciende a US$3.721 millones anuales, monto que creció sustancialmente desde el año 2020, cuando la pandemia no permitió realizar actividades de vigilancia y control.

Lo que está ocurriendo con la minería ilegal hoy es un claro ejemplo de cómo no tener políticas públicas basadas en estrategias claras, que deben ser multisectoriales y multinivel, no solo no ha permitido dar solución al problema de la minería ilegal, sino que ha promovido su expansión, tanto territorial como de poder político.

Políticas públicas aisladas, como el REINFO, ha demostrado ser inefectiva, sin embargo, se insiste en ella sin una clara estrategia de solución. Recientes normas legales están debilitando la acción de las autoridades y la corrupción ha encontrado terreno fértil para actuar con impunidad.

Hoy en día, la minería ilegal no solo genera depredación de nuestros bosques, pérdida de biodiversidad, trata de personas, contaminación de las fuentes de agua y alimentación con mercurio, y daños a la salud pública, sino que también se relaciona con organizaciones criminales nacionales e internacionales para cometer otros delitos como el lavado de activos y son una amenaza para el Estado de derecho que tiene todo ciudadano que vive en nuestro país y toda empresa que desea invertir.

La preocupante debilidad institucional del Estado peruano en sus diferentes instancias se traduce no solo en una muy limitada capacidad de control y fiscalización de los territorios, sino en una ausencia de liderazgo para hacer frente a un problema público que reclama urgente acción.

Fuente: Web El Comercio (29/09/24)