Proponen hasta 11 años de cárcel para quienes destruyan o comercialicen bienes del patrimonio cultural

El congresista Alejandro Soto, de la bancada Alianza para el Progreso (APP), presentó un proyecto de ley que busca endurecer las penas para quienes destruyan, alteren o comercialicen ilegalmente bienes del patrimonio cultural del Estado.

La propuesta incluye la modificación de los artículos 226 y 228 del Código Penal. Según el planteamiento, la destrucción total o parcial de bienes inmuebles considerados patrimonio cultural será sancionada con penas de prisión de 4 a 6 años, además de multas equivalentes a entre 120 y 365 días de remuneración.

En el caso de bienes muebles, como piezas arqueológicas o históricas, la extracción o comercialización sin autorización del Ministerio de Cultura conllevará una pena de prisión de 4 a 8 años y multas de entre 180 y 365 días.

Si el delito es cometido por funcionarios públicos responsables de la custodia de estos bienes, las penas serán más severas, oscilando entre 5 y 11 años de prisión.

El congresista Soto argumentó que esta reforma responde a la necesidad de proteger los bienes culturales como un derecho fundamental de los ciudadanos y una obligación del Estado, conforme lo señala el Tribunal Constitucional.

Esta propuesta busca desincentivar los actos ilícitos que ponen en riesgo el patrimonio cultural de la nación, reforzando el marco legal para sancionar con mayor severidad a los responsables.