Estado propone cerrar partidas de autos siniestrados y exigir peritaje para duplicados de placas

El Ejecutivo alista una reforma legal para bloquear las rutas empleadas por organizaciones dedicadas a “legalizar” autos robados mediante placas clonadas, poderes falsificados y vehículos siniestrados. El Ministerio de Justicia plantea modificar el Decreto Legislativo 1214 para impedir que estas unidades sigan circulando y reducir su uso en actividades delictivas.

El sector sostiene que la magnitud del problema se refleja en 70 denuncias diarias por robo o hurto de vehículos. A este circuito se suma la compra de autos siniestrados declarados pérdida total, cuyos datos registrales se reutilizan para dar identidad falsa a autos robados. El uso de denuncias simples para solicitar duplicados de placas facilita el ingreso de información adulterada.

La propuesta incluye dos medidas centrales. La primera establece el cierre obligatorio del registro de vehículos siniestrados cuando las aseguradoras determinen pérdida total. Con ello se busca impedir que la placa y la identidad de un vehículo destruido sean empleadas nuevamente. La segunda plantea un peritaje gratuito y obligatorio previo a cualquier solicitud de duplicado de placa para verificar el origen del vehículo y detectar adulteraciones.

El Ejecutivo señala que estas medidas pueden reducir la circulación de autos robados con documentos falsos, eliminar el uso de placas de unidades siniestradas y mejorar la trazabilidad para intervenciones policiales. También se busca cerrar una ruta clave del tráfico ilegal de autopartes y vehículos.

La circulación de autos adulterados sirve como soporte para delitos como robos agravados, extorsiones, secuestros y sicariato. El Ministerio de Justicia considera que la reforma permitirá fortalecer el sistema de control vehicular y modernizar la respuesta frente a organizaciones criminales.

El proyecto forma parte del paquete de facultades delegadas solicitadas al Congreso para reforzar la seguridad ciudadana mediante acciones articuladas con la Policía Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público.