CIDH concluye que se violó gravemente los derechos humanos durante las protestas

El informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluye que durante las protestas en varias regiones de Perú, el Estado peruano violó gravemente los derechos humanos al hacer un uso excesivo de la fuerza. Las manifestaciones comenzaron tras la vacancia presidencial de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte, exigiendo la renuncia de la nueva mandataria, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales.

Según el informe, la CIDH señala que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional, y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos.

En Lima, Ica, Arequipa y Cusco, la comisión afirma que la reacción de las fuerzas del orden estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones, y la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando en la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflicto. La comisión considera que estos hechos deben ser investigados, juzgados y sancionados.

La CIDH hace un apartado especial para la represión en Ayacucho y Puno, donde la comisión exige que las investigaciones se realicen con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial, y denuncia que las muertes perpetradas por efectivos de la PNP y FF.AA. podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. En el caso de Juliaca, la CIDH argumenta que la grave violación de derechos humanos no solo habría sido contra manifestantes, sino también contra terceras personas ajenas a las protestas sociales.

La CIDH también detectó un "deterioro generalizado del debate público con una fuerte estigmatización" contra personas indígenas y campesinas, a las que se les califica de “terroristas”, “terrucos”, “senderistas”, “cholos” o “indios”, entre otras formas despectivas. La comisión advierte que estos mensajes contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional contra esta población.

La CIDH exige que las graves violaciones de derechos humanos recogidas en el informe deben ser investigadas por fiscalías especializadas en derechos humanos, juzgadas por jueces independientes, competentes e imparciales y con observancia de las garantías del debido proceso. Si se encuentran responsables, las personas perpetradoras deben ser sujetas a las sanciones penales correspondientes, y las víctimas de violaciones de derechos humanos deben ser reparadas de manera íntegra. Como parte de las recomendaciones, la CIDH pide que se incrementen los recursos del Ministerio Público para asegurar el cabal desempeño de sus funciones de prevención e investigación del delito, y aumentar las fiscalías especializadas en derechos humanos