05/05/2026 | Alejandra Hancco
Antecedentes en la gestión regional
No es la primera vez que ambos funcionarios coinciden dentro del Gobierno Regional de Arequipa. García Apaza ya formó parte del equipo de confianza del gobernador cuando fue designada como gerente regional de Desarrollo Social en julio de 2024.
Durante su gestión, recibió cuestionamientos por retrasos en la entrega de premios del pasacalle regional “Cantemos y Bailemos por Nuestra Arequipa 2024”. Estos hechos motivaron su citación ante el Consejo Regional el 27 de enero de 2025, donde se le solicitó brindar explicaciones tanto por este incumplimiento como por la situación de los albergues administrados por el GRA.
Un mes después, el 28 de febrero de 2025, dejó el cargo. Meses más tarde, en septiembre, su esposo Bradley Alarcón Manrique fue designado como jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, marcando nuevamente la presencia de ambos en puestos relevantes dentro de la administración regional.
Declaración de intereses en la mira
Otro aspecto observado es la presentación de la Declaración Jurada de Intereses, un documento obligatorio en la función pública que permite transparentar vínculos personales, familiares o económicos que podrían influir en el ejercicio del cargo.
En este caso, se otorgó un plazo de 15 días para la entrega de este documento tras la designación, situación que ha sido cuestionada por algunos sectores, al considerar que no se estaría garantizando plenamente su finalidad preventiva frente a posibles conflictos de interés.
La designación ha puesto nuevamente en el foco la forma en que se vienen ocupando cargos de confianza en la actual gestión regional, especialmente cuando existen vínculos personales entre funcionarios. En ese contexto, distintos sectores insisten en la necesidad de reforzar los criterios técnicos y los mecanismos de control en la administración pública.
