Arequipa
Funcionarios y familiares del gobernador Rohel Sánchez postulan con “Yo Arequipa” en medio de cuestionamientos
05/05/2026 | Alejandra Hancco
A pocos meses de las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre de 2026, el movimiento “Yo Arequipa” , con el que llegó al poder el gobernador Rohel Sánchez, ya ha consolidado parte de su lista de candidatos, integrada por funcionarios en ejercicio, familiares directos y personas de su círculo cercano, varios de ellos con antecedentes administrativos y cuestionamientos por presuntas irregularidades.
La agrupación, presidida por Roberto Gamero, perfila candidaturas clave en distintos niveles de gobierno. La reciente afiliación de figuras como la esposa del gobernador, Luz Marina Zeballos, y el actual gerente general del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Berly Gonzáles, refuerza un escenario en el que el entorno más próximo del mandatario busca proyectarse políticamente.
Más allá de una estrategia electoral, la composición de las listas enciende las alertas en distintos sectores, que advierten un posible intento de extender la influencia del actual gobierno regional mediante la colocación de personas de confianza incluidos familiares en cargos donde se administran recursos públicos y se ejerce control político.
El principal aspirante bajo la lupa
El caso más relevante es el de Berly José Gonzáles Arias, actual gerente general del GRA y considerado el principal candidato a la sucesión de Rohel Sánchez.Sobre él pesan denuncias por presunto direccionamiento de contratos en favor de su entorno familiar. Según los señalamientos, su primo habría obtenido órdenes de servicio en la Oficina de Gestión de Riesgos, mientras que una empresa vinculada a su hermano brindó servicios a la Gerencia Regional de Educación.
Aunque Gonzáles sostiene que estos vínculos no vulneran la normativa vigente, su postura ha sido cuestionada por el Colegio de Abogados de Arequipa. Actualmente, su gestión es investigada por la Fiscalía y la Contraloría para determinar si existió un uso indebido del cargo.
El hijo del gobernador entra en la contienda
En la lista también figura Diego Alonso Sánchez Zeballos, hijo menor del gobernador, quien postula como regidor en Cerro Colorado.Su nombre ha sido vinculado a investigaciones por presunto favorecimiento a su círculo cercano. Reportes de fiscalización señalan que amigos suyos habrían accedido a contratos en el GRA y en Autodema, pese a cuestionamientos sobre su experiencia profesional, reforzando las sospechas sobre posibles prácticas de nepotismo indirecto.
Candidata al Consejo con antecedentes judiciales
Otra de las candidaturas que genera cuestionamientos es la de Cecilia Alejandrina Jarita Padilla, quien encabeza la lista al Consejo Regional.La exgerente regional de Educación cuenta con una sentencia de segunda instancia emitida en 2023 por presunta omisión de funciones, vinculada a un caso de agresión sexual ocurrido durante su gestión en el Colegio de Alto Rendimiento (COAR). Además, enfrenta investigaciones fiscales por un presunto peculado de S/118 mil del Subcafae.A ello se suma una deuda aproximada de S/29 mil con la UGEL Arequipa Norte, lo que ha puesto en duda su idoneidad para un cargo de fiscalización.
Contrataciones observadas y vínculos de confianza
En el ámbito distrital, destaca la candidatura de María del Carmen Tapia Gutiérrez a una regiduría en Cayma.Informes de la Contraloría advierten sobre presunto direccionamiento en procesos de contratación a su favor en el GRA y en Autodema. Según estos reportes, se habrían modificado las bases para permitir su selección pese a no cumplir inicialmente con los requisitos.Su cercanía con el entorno familiar del gobernador al ser madre de la pareja de uno de sus hijos ha intensificado los cuestionamientos sobre su permanencia en la estructura regional.
Sanciones e inhabilitaciones en la lista
En José Luis Bustamante y Rivero figura como candidato a regidor José Sulpicio Choque Cuno, vinculado al entorno político del gobernador desde la campaña de 2022.Pese a contar con una inhabilitación vigente de 36 meses impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado por presentar documentos falsos, fue contratado por el GRA con un sueldo de S/7,000 y designado en un cargo clave. Su postulación reabre el debate sobre la influencia de aportes de campaña en la gestión pública.
La presencia de figuras con vínculos directos al poder regional y antecedentes cuestionados plantea un escenario que trasciende lo electoral. La conformación de estas listas no solo perfila la contienda rumbo a octubre, sino que también expone las tensiones entre poder político, redes de confianza y control institucional. En un contexto donde la transparencia es una demanda constante, el proceso no solo definirá autoridades, sino también el nivel de exigencia ciudadana frente a quienes buscan administrar recursos públicos.
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