05/05/2026 | Alejandra Hancco
El Poder Judicial determinó la responsabilidad civil del colegio Lord Byron de Arequipa por no activar los protocolos obligatorios frente a un caso de abuso sexual contra una estudiante de 13 años. La sentencia establece que la institución incumplió su deber de protección al no intervenir ni reportar el hecho conforme a la normativa educativa vigente.
La resolución, emitida por la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, concluye que el plantel no registró el caso en el Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar (SíseVe), requisito obligatorio para todas las instituciones educativas. Esta omisión impidió activar de forma inmediata las rutas de atención y protección para la víctima.
En el ámbito administrativo, la titular de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, Cecilia Jarita Padilla, advirtió que esta falta es considerada grave y confirmó que el proceso en curso podría derivar en el cierre temporal o definitivo del colegio. La investigación se encuentra a cargo de la UGEL Arequipa Norte.
La defensa de la víctima, representada por los abogados James Delgado y Alejandro Rospigliosi, sostuvo que el caso no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de omisiones dentro de la institución. “No se puede normalizar lo que es anormal”, afirmó Rospigliosi, al recordar otro episodio en el que un menor fue asfixiado hasta perder el conocimiento dentro del colegio sin que se activaran los protocolos de emergencia. “Los protocolos no son papel mojado en tinta, tienen que activarse”, enfatizó.
En paralelo, la promotora del colegio, Lidia Medina, enfrenta una investigación preparatoria en la Fiscalía de Derechos Humanos por presuntos casos de discriminación y vulneración de derechos de menores. Según la defensa, la institución acumula múltiples denuncias y sanciones administrativas, principalmente impuestas por Indecopi, sin que estas hayan generado cambios sustanciales en su funcionamiento. En ese contexto, el abogado Alejandro Rospigliosi fue enfático al cuestionar su permanencia en el cargo: “Es momento que este peligro público dé un paso al costado”.
Uno de los puntos más cuestionados es el presunto uso de una figura legal para reducir el impacto de las multas. De acuerdo con lo señalado por la defensa, instituciones educativas con ingresos millonarios se registran como micro y pequeñas empresas, lo que les permite afrontar sanciones mínimas. “Se trata de un fraude a la ley”, advirtió Rospigliosi, quien también exhortó a Indecopi a actuar con mayor celeridad en Arequipa.
El caso también involucra al exdocente Raúl Jhon Lozano Bedoya, señalado como autor de la agresión, quien actualmente se encuentra prófugo. En conjunto, el proceso no solo establece responsabilidades, sino que vuelve a poner en el ojo público la capacidad de las instituciones educativas para garantizar entornos seguros y la efectividad de las sanciones frente a la violencia contra menores.
