Fiscalía solicita 6 años y 8 meses de prisión para el presidente de la FPF por enriquecimiento ilícito

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque ha solicitado una condena de seis años y ocho meses de prisión para Agustín Lozano Saavedra, el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por el delito de enriquecimiento ilícito. La acusación se basa en presuntas irregularidades cometidas por Lozano durante su mandato como alcalde de Chongoyape, en Chiclayo.

Según la investigación fiscal, Lozano habría incrementado su patrimonio de manera ilícita en más de 2.8 millones de soles, sin justificar la procedencia de estos fondos. Además, se le acusa de haber utilizado a familiares y amigos cercanos para encubrir esta actividad.

Agustín Lozano asumió el cargo de alcalde de Chongoyape en dos ocasiones, entre 2011 y 2014, y nuevamente entre 2014 y 2018. Luego de su mandato como alcalde, asumió la presidencia de la FPF en diciembre de 2018.

Además de esta acusación, la Fiscalía también investiga a Lozano por su presunta participación en la reventa de entradas para partidos de la selección nacional y la venta irregular de uniformes del equipo. Se alega que habría establecido una red criminal para llevar a cabo estas actividades. Otras irregularidades que se le imputan incluyen la manipulación de contratos televisivos relacionados con la Liga 1, la primera división de fútbol en Perú, así como el uso indebido de las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna).

En 2020, la Comisión de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sancionó a Lozano por su presunta participación en la reventa de entradas durante las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Aunque no se le encontró culpable de las acusaciones , se consideró que había cometido una falta administrativa.

Además, se ha informado que Agustín Lozano habría realizado pagos irregulares y utilizado recursos de la FPF de manera inapropiada, incluyendo transferencias millonarias a clubes de la Liga 2. Estos pagos supuestamente tenían como objetivo ganar el apoyo de dirigentes pertenecientes a la asamblea de la Federación . El fiscal Juan Orihuela está a cargo de la investigación sobre estos pagos, que se realizó a una asociación, dos clubes y equipos de la segunda división, con la supuesta intención de influir en la votación de los 67 miembros de la asamblea de la FPF.

La situación legal de Agustín Lozano, presidente de la FPF, se encuentra en desarrollo a medida que se lleva a cabo la investigación judicial.