Presidenta Dina Boluarte ya no apelará allanamiento a su vivienda

La presidenta de la República, Dina Boluarte, ya no continuará con su recurso de apelación contra la decisión judicial que ordenó el allanamiento a su vivienda en Surquillo, en el marco de las investigaciones por el Caso Rolex.

Como se recuerda, en marzo de este año se llevó a cabo el operativo para incautar los relojes Rolex de la mandataria. Esta diligencia estuvo a cargo de la Fiscalía y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) de la Policía Nacional.

Para ingresar a la vivienda, efectivos de la PNP tuvieron que hacer uso de un combo, ya que, según indicaron, las personas que se encontraban al interior del domicilio de Boluarte se negaban a abrir la puerta.

Ante ello, la defensa de la mandataria presentó un recurso de apelación para dejar sin efecto la orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, el cual fue elevado a la Sala Suprema Penal Permanente, a cargo del juez César San Martín.

No obstante Boluarte desistió de continuar con el recurso de apelación. El pedido de la defensa de la mandataria fue aprobado por la Sala Suprema Penal Permanente.

“En tal sentido, al haber el recurrente (Boluarte) expresado los motivos por los cuales no prosigue con su pretensión, los cuales reiteró mediante escrito con su firma impresa, presentado en la fecha por Mesa de Partes de esta Sala Suprema, el desistimiento debe ser aprobado”, indicaron los jueces en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Como se recuerda, la Fiscalía de la Nación investiga a la mandataria por presunto enriquecimiento ilícito, ya que se descubrió que poseía joyas y relojes de alta gama, valorizados en miles de dólares, que no fueron declarados.

No obstante, la mandataria, tras diferentes versiones, aseguró finalmente que fueron otorgados como préstamos por el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Ante ello, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, denunció constitucionalmente a la mandataria por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio cuenta de la denuncia y deberá decidir si la admite a trámite en un plazo de 10 días hábiles.