Investigaciones apuntan a posible responsabilidad penal de Dina Boluarte en violaciones de derechos humanos

Dieciocho meses después de las protestas en Perú, en las que murieron 50 personas y un policía, y más de 1.400 resultaron heridas, un informe de Amnistía Internacional revela evidencia que podría implicar penalmente a la presidenta Dina Boluarte. El informe, titulado "¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú", subraya la necesidad de evaluar la responsabilidad penal de la presidenta y otros altos mandos.

Amnistía Internacional documenta las decisiones críticas tomadas por Boluarte como jefa suprema de las fuerzas armadas y la policía, que podrían tener implicaciones legales. A pesar de su negación de contacto directo con los comandantes y de minimizar su rol en la represión estatal, el informe indica que Boluarte se reunió varias veces con los líderes militares y policiales durante las protestas, elogiando públicamente sus acciones mientras etiquetaba a los manifestantes como "terroristas" y "criminales".

El informe detalla que la Policía Nacional del Perú (PNP) calificó a los manifestantes de "terroristas" y utilizó fuerza letal durante las protestas, acciones que resultaron en múltiples muertes. Además, la PNP no proporcionó detalles sobre medidas disciplinarias contra los agentes implicados y archivó investigaciones disciplinarias abiertas. Boluarte ascendió al general responsable de estos planes a Comandante General de la PNP.

Las tácticas letales continuaron en operaciones posteriores, como en el aeropuerto de Juliaca, donde murieron 18 personas en enero de 2023. Amnistía Internacional también analiza el despliegue del ejército en Ayacucho, donde 10 personas murieron y los soldados dispararon al menos 1.200 balas en respuesta a órdenes superiores.

A pesar de la evidencia de uso excesivo de la fuerza, Boluarte defendió las acciones del ejército y ascendió al ministro de Defensa a jefe de su gabinete. Las medidas disciplinarias internas fueron mínimas, y los altos mandos no tomaron acciones significativas para rendir cuentas.

Las investigaciones penales avanzan lentamente, con avances en la identificación de sospechosos entre policías y militares, pero se omiten funcionarios clave de la cadena de mando. Amnistía Internacional insta a Perú a no permitir la impunidad y a hacer justicia a las víctimas.

Además, Amnistía Internacional pide al Gobierno español que mantenga la suspensión de exportación de material antidisturbios a Perú hasta que haya avances sustanciales en las investigaciones. La organización también reclama una investigación independiente sobre el uso de armas españolas en la represión de las protestas, destacando que se utilizaron proyectiles antidisturbios y balas de goma fabricados por la empresa española Maxam Outdoor.