

El Congreso aprobó por mayoría la modificación de la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), estableciendo nuevas restricciones sobre el financiamiento de organizaciones no gubernamentales (ONG). La norma recibió 82 votos a favor, 15 en contra y 4 abstenciones, por lo que fue exonerada de segunda votación y pasó al Ejecutivo para su promulgación o eventual observación.
El dictamen establece como infracción grave que las ONG destinen fondos a actividades que puedan ser declaradas como amenazas al orden público, seguridad ciudadana o defensa nacional. También prohíbe que financien o asesoren acciones judiciales contra el Estado, lo que, según diversas organizaciones, podría afectar su labor en la defensa de derechos humanos y lucha contra la corrupción.
Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) advirtieron que esta norma pone en riesgo la labor de ONG que trabajan en salud, educación, equidad de género y protección ambiental. Además, señalaron que limita la posibilidad de promover el voto informado y denunciar irregularidades políticas.
La ley contempla sanciones como multas de hasta 500 UIT y la cancelación del registro de las ONG infractoras.



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