Conducir ebrio podría dejarte sin licencia para siempre: nueva ley propone sanciones de hasta 5 años o inhabilitación perpetua

El congresista Jorge Flores Ancachi presentó un proyecto de ley que modifica el régimen de sanciones para conductores, estableciendo nuevas reglas y plazos para suspender o inhabilitar la licencia de conducir según la gravedad de la infracción.

La iniciativa contempla la inhabilitación perpetua cuando un conductor cause la muerte o lesiones graves bajo los efectos de drogas, con más de 0.8 gramos de alcohol por litro de sangre o manejando con la licencia suspendida. También se aplicaría si el infractor es reincidente en conducir drogado o ebrio, o si se niega a realizar pruebas de alcoholemia o toxicológicas.

El proyecto detalla una gradación de sanciones temporales para quienes presenten niveles de alcohol entre 0.5 y 0.8 gramos por litro, según los daños ocasionados. Si no hubo daño, se propone una suspensión de 3 meses. Si hubo lesiones leves o daños materiales, 6 meses. Si el nivel supera los 0.8 gramos, la suspensión será de 1 año, con aumentos progresivos si se causa daño.

En condiciones agravantes, como conducir bajo efectos de drogas y causar lesiones menos graves, la suspensión sería de 3 a 5 años. Además, el proyecto considera sanciones por conducir sin licencia o con licencia vencida, que pueden ir desde 2 a 5 años según el nivel de alcohol y los daños generados.

La propuesta incorpora la posibilidad de solicitar una reducción de la sanción. Los conductores sancionados podrán pedir la adecuación de su caso ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, siempre que paguen la multa completa y finalicen un curso de seguridad vial.

Flores Ancachi argumenta que el actual sistema, regulado por la Ley 27181, impone sanciones drásticas sin diferenciar entre infracciones leves y graves, lo que vulnera principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. Asegura que la nueva propuesta busca evitar sanciones desproporcionadas que afectan derechos como el libre tránsito y el derecho al trabajo.

El proyecto también advierte una falta de separación entre sanciones administrativas y penales, lo que genera confusión y duplicidad punitiva para los conductores. La iniciativa busca establecer un marco técnico y justo que respalde la seguridad vial sin vulnerar derechos fundamentales.