Congreso evalúa cárcel para quienes usen máscaras en protestas

El Congreso de la República analiza un proyecto de ley que plantea penas de hasta 10 años de prisión para quienes oculten su identidad durante manifestaciones donde se produzcan disturbios. La iniciativa fue presentada por la congresista Elizabeth Medina, del partido Somos Perú, y también propone sanciones para quienes lleven a menores de edad o personas con discapacidad a protestas con actos de violencia.

El texto fue ingresado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos e incluye modificaciones a los artículos 315 y 452 del Código Penal. En el primer caso, incorpora una agravante al delito de disturbios para quienes participen cubriendo su rostro con capuchas, máscaras u otros medios, elevando la pena a entre ocho y diez años de prisión y una multa de entre 365 y 500 días.

En el segundo punto, la propuesta establece sanciones no privativas de libertad para quienes expongan a menores o personas con discapacidad en manifestaciones violentas. Los infractores podrían cumplir entre 20 y 40 jornadas de servicio comunitario o pagar multas de hasta 90 días, según la gravedad del hecho.

La iniciativa se fundamenta en casos recientes ocurridos en 2022 y 2025, donde varios participantes en protestas ocultaron su identidad, lo que dificultó la identificación de responsables. Según el documento, el uso de elementos que cubran el rostro durante disturbios impide el reconocimiento de los autores y obstaculiza las investigaciones.

El proyecto incluye referencias a legislaciones de Canadá, Alemania, Francia, España y Estados Unidos, donde se prohíbe el uso de máscaras en contextos de alteración del orden público. En el ámbito nacional, busca establecer límites claros para garantizar la seguridad sin afectar las manifestaciones pacíficas.

El texto también contempla medidas de protección para grupos vulnerables, señalando que la exposición de menores y personas con discapacidad en escenarios de violencia compromete su integridad física y emocional.

Si la Comisión de Justicia aprueba el dictamen, la propuesta pasará al Pleno del Congreso para su debate y eventual votación.