Perú enfrenta una recaudación fiscal estancada por trabas que frenan la formalización

La baja recaudación fiscal en el Perú se sostiene en un problema estructural: la formalización es costosa, lenta y difícil de cumplir para la mayoría de trabajadores y pequeñas empresas. Aunque el país necesita ampliar ingresos, el diseño actual del sistema tributario limita la base de aportantes y debilita la legitimidad del Estado frente a los contribuyentes.

El Perú registra solo 1,7% del PBI por impuesto a la renta personal, muy por debajo del promedio de la OCDE. La cifra se explica porque apenas 3 de cada 10 trabajadores acceden a un empleo formal. Con una base estrecha, la recaudación cae incluso si quienes ya están dentro del sistema cumplen con sus obligaciones.

En impuestos a la propiedad, la situación muestra otra brecha. El tributo aporta apenas 0,4% del PBI, debido a catastros incompletos, valores prediales desactualizados y municipios con baja capacidad operativa. Las amnistías repetidas también reducen incentivos para el pago constante y sostenido.

La evasión representa un segundo bloque crítico. El país registra alrededor del 40% de evasión global y más del 50% en impuesto a la renta. Esto equivale a cerca del 4% del PBI que no ingresa al Estado, una pérdida que impacta directamente en la capacidad para financiar servicios públicos.

Para millones de peruanos, la informalidad no es una elección sino una respuesta al sistema. La formalización implica trámites complejos, altos costos y exigencias que no se ajustan a la realidad operativa de pequeños negocios. En ese escenario, operar fuera del sistema suele convertirse en la alternativa más viable.

El uso del gasto público también influye en la disposición a cumplir. El presupuesto 2026 alcanza S/ 257 mil millones y, en la última década, el gasto en personal aumentó 152%. A ello se suman pérdidas como las de Petroperú, superiores a S/ 24 mil millones desde 2013. Estas cifras alimentan la percepción de ineficiencia y reducen la confianza de los contribuyentes.

La presión se concentra en los mismos formales, mientras la evasión y la informalidad permanecen elevadas. Especialistas coinciden en que la solución no pasa por subir impuestos, sino por ampliar la base tributaria. Para ello se requiere simplificar trámites, reducir barreras de entrada, modernizar el catastro, fortalecer a los municipios y ordenar los beneficios tributarios.

El problema no radica en la falta de recursos, sino en un sistema que obstaculiza la formalidad y en un Estado que administra con baja eficiencia lo que sí recauda. Para incrementar ingresos sin afectar la actividad económica, el país necesita un sistema accesible, reglas claras y gasto orientado a resultados.