General PNP removió la cúpula de la PNP tras protestas y críticas por uso de la fuerza

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola Delgado, ordenó una reestructuración interna en la alta jefatura de la institución tras los recientes hechos de violencia registrados durante las protestas contra el Gobierno de José Jerí Oré. La medida buscó reforzar la capacidad operativa y contener la crisis provocada por cuestionamientos al uso excesivo de la fuerza policial.

Según la resolución del 17 de octubre, el general Manuel Gustavo Vidarte Perrigo asumió la jefatura de la Región Policial Lima, el general José Antonio Zavala pasó a dirigir la Dirección de Investigación Criminal y el general Julio Óscar Mariño tomó el mando de la Dirección de Inteligencia. Los cambios se realizaron con retención de cargo por causal de servicio, mecanismo habitual en emergencias institucionales.

La decisión se dio en medio de protestas y movilizaciones en distintas regiones del país que dejaron un civil fallecido en Lima tras el impacto de un proyectil policial. Este hecho generó indignación y nuevas críticas al accionar de la Policía durante las manifestaciones posteriores a la vacancia de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí.

Óscar Arriola, quien reemplazó al general Jorge Angulo en la comandancia general, impulsó un ajuste interno orientado a renovar mandos y fortalecer las líneas operativas. La estrategia incluyó priorizar la seguridad en Lima, principal frente de las movilizaciones, donde se concentró más del 60% de las marchas recientes.

Fuentes del Ministerio del Interior señalaron que la reestructuración buscó optimizar la articulación entre áreas operativas e inteligencia para evitar descoordinaciones como las ocurridas en las protestas de octubre. El general Vidarte tendrá el reto de recuperar la imagen institucional en la capital, mientras Zavala deberá reforzar la eficiencia en las investigaciones criminales y Mariño fortalecer los sistemas de inteligencia ante la creciente infiltración del narcotráfico y la minería ilegal.

La Oficina de Integridad Institucional y la Inspectoría General de la Policía recibieron denuncias por presuntas irregularidades en el operativo del 10 de octubre, donde un manifestante perdió la vida en el Cercado de Lima. El Ministerio Público abrió una investigación para determinar posibles responsabilidades de los mandos intermedios.

El Gobierno de José Jerí Oré respaldó a la PNP, aunque pidió ajustes urgentes en la cadena de mando para prevenir abusos. La Presidencia del Consejo de Ministros dispuso izar las banderas a media asta en señal de duelo por las víctimas y reafirmó su compromiso con la paz y la seguridad ciudadana.